En concreto, el Real Decreto incluye la revisión de los planes hidrográficos de las demarcaciones Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar, así como de la parte española de los ríos internacionales, compartidos con Portugal: Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana; y con Francia: Cantábrico Oriental y Ebro.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha indicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la aprobación de la planificación hidrológica supone una muestra del trabajo "escrupuloso" y "riguroso" que da cuenta de como este Gobierno trabaja con anticipación y eficacia en la gestión de los recursos.

En su comparecencia, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera ha explicado que el Gobierno ha aprobado este tercer ciclo de planificación para las 12 cuencas que depende de la administración general del Estado y, además, de las demarcaciones de Galicia-Costa y Baleares y ha señalado que aún falta por aprobar Canarias y Andalucía.

En total, estas 12 cuencas abarcan el 86 por ciento del territorio y el 65 por ciento de la población tras un recorrido de tramitación de "algo más de tres años" en un "dilatado" proceso con el fin de facilitar la planificación con la aportación de todas las partes, según la vicepresidnta.

Ribera ha destacado las prioridades de la planificación que "por primera vez" tiene en cuenta los escenarios de cambio climático; el riesgo de inundación; las obligaciones en materia de saneamiento y depuración; la lucha contra la contaminación difusa; la gestión sostenible de las aguas subterráneas; garantizar la seguridad de suministro y mantener planes especiales para preservar la biodiversidad de espacios emblemáticos como Doñana, el Delta del Ebro, la Albufera de Valencia o las Tablas de Daimiel.

Respecto a los escenarios climáticos, la vicepresidenta ha asegurado que desde los años 80 España ha sufrido una reducción próxima al 12 por ciento de sus recursos hídricos y la perspectiva hasta 205 es la de una reducción adicional de entre el 14 y el 40 por ciento del agua disponible.

Por otro lado, Ribera ha incidido en que los planes de cuenca permiten a España prepararse para el riesgo de inundación y mejorar las inversiones hasta niveles nunca conocidos para mejorar el saneamiento y la depuración porque España sigue pagando multas coercitivas por este motivo.

RECORTE DEL TRASVASE

En cuanto a una de las cuestiones que más polémica ha suscitado la tramitación de este Real Decreto, el establecimiento de caudales ecológicos en el río Tajo que supondrá una reducción del volumen de agua trasvasable del Tajo al Segura, la vicepresidenta ha garantizado el compromiso del Gobierno con el Levante pero ha advertido de la necesidad de anticiparse para asegurar la disponibilidad de agua en las zonas con mayor riesgo en materia de recursos hídricos.

Por ello, ha defendido la aplicación "por primera vez" de un caudal ecológico para el Tajo, para garantizar la "buena gestión" con un caudal ecológico que no suponga "ningún riesgo" para las cuencas que hasta ahora se han beneficiado del Tajo-Segura.

En concreto, la nueva planificación contempla una reducción de 7 hectómetros cúbicos (hm3) del caudal trasvasable del Tajo al Segura en 2003 hasta llegar en 2026 a un recorte de 8,65 hm3. Sin embargo, ha asegurado que en "el peor de los escenarios" la reducción máxima de agua trasvasable está entre 70 y 110 hectómetros cúbicos, que se compensarán con inversiones para lograr disponer de recursos adicionales con agua desalada, reutilizada y con la eficiencia del regadío.

Así, ha subrayado que estos recursos hídricos adicionales permitirán "como mínimo" 140 hm3 nuevos, es decir un volumen "superior al agua que se dejaría de trasvasar como pérdida del caudal ecológico incluso en épocas de sequía".

En ese sentido, ha agregado que el Gobierno no quiere que estos recursos supongan una "carga inasumible" a los agricultores por lo que se ha comprometido a poner un precio tope de 34 euros para el agua desalada, inversiones en renovables y eficiencia del regadío.

La vicepresidenta ha reconocido al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, su voluntad para que estas inversiones sean "transparentes", "participadas", y que el Gobierno pueda demostrar cómo se van cumpliendo los distintos hitos de la planificación con los respectivos territorios.

En ese sentido, ha señalado que los volúmenes adicionales de desalación supondrán 547 millones de euros entre la capacidad de desalación con fotovoltaica y una ampliación de la capacidad de las desaladoras de 70 hm3 de los usuarios del Tajo-Segura que permite tener esa apuesta en 2026.

En este contexto, la vicepresidenta ha afirmado que cumplir la legislación europea, nacional y las sentencias judiciales debe ser una "premisa incuestionable" para "cualquier" ciudadano, institución y grupo parlamentario, lo que supone la obligación de establecer caudales ecológicos.

"Lo más sintomático e importante es anticiparnos a un escenario problemático", ha reiterado Ribera, que opina que no se puede depender solo de la lluvia disponible en un escenario de escasez cada vez más frecuente, por lo que ha recalcado la importancia de gestionar los recursos con inteligencia, participación, coordinación entre administraciones y reflejando la importancia económica que tiene el agua en política de precios, recuperación de costes, pero poniendo atención a las personas en el centro.

Finalmente, la vicepresidenta ha asegurado que el Gobierno ha leído "con atención" las recomendaciones del Consejo de Estado, que tiene un enfoque "adecuado" respecto a las expectativas de gestión respetando el caudal del Tajo.

'GUERRA DEL AGUA': "ESTEREOTIPO"

Preguntada respecto a la conocida como "guerra del agua", ha preferido no quedarse con expresiones como "estereotipo" sino que ve fundamental "trabajar en lo que une" y no enfrentar territorios, sino encontrar soluciones "juntos".

De ese modo, ha afirmado que "nunca antes" había habido "tantos recursos" y ha garantizado la "total" disponibilidad del Gobierno para seguir trabajando de la mano con "todos" los actores incluidos las comunidades de regantes.

En concreto, la vicepresidenta ha apuntado que en estos cinco próximos años se dispondrá de más de 22.000 millones de euros en recursos y de ellos, más de 10.000 millones para modernizar las políticas hídricas.

Por otro lado, la ministra ha indicado que el Consejo de Ministros ha aprobado otro Real Decreto para actualizar el marco de acciones para facilitar la lucha contra la contaminación atmosférica y la mejora de la calidad del aire, en concreto para aumentar la anticipación de las situaciones en las que se pueda generar una emergencia que permitirá contar con instrumentos específicos y homologables en todo el territorio.