Miercoles, 27 de noviembre de 2024
Con participación de las provincias
El gobierno argentino podría introducir un modelo mixto de gestión en YPF
En declaraciones a la prensa argentina, Sapag aseguró que en este modelo será el Gobierno nacional el que gestione las competencias públicas y que se permitirá participar en las decisiones a las provincias, y en especial a las que producen hidrocaburos.
El diario "El Cronista" advierte de la trascendencia de estas declaraciones, ya que Sapag es uno de los gobernadores más influyentes, dirige unas de las regiones más prolíficas en petróleo y tiene buena relación con la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner.
"Pensamos en una sociedad de economía mixta. El Estado va a querer gobernarla y alentar la inversión privada, con participación de las provincias en el directorio", afirmó. La decisión acerca del nuevo modelo de gestión podría adoptarse en la reunión de mañana de la asociación de provincias argentinas, la Ofephi, aseguró el gobernador.
La idea que barajan las autoridades argentinas es ampliar a 25 el número de miembros del directorio (consejo de administración) de YPF para permitir la entrada de representantes de las provincias productoras de hidrocarburos.
En todo caso, el gobernador pidió a "los operadores" que "no se alarmen" y dejó claro que el objetivo de esta iniciativa de "traquilizar" a los trabajadores de YPF.
"Quiero llevar mucha tranquilidad a los trabajadores en lo que hace al capital accionario de YPF. Las fuentes de trabajo las vamos a defender y como provincianos quiero decirles que nadie va avasallar los derechos provinciales. Y a las operadores quiero decirles que no se alarmen. Sacudimos el árbol y se cayeron las áreas que no estaban explotadas", aseguró.
BRUFAU EN ARGENTINA
Estas declaraciones coinciden con la presencia en Argentina del presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, quien está manteniendo contactos para encontrar una solución para la petrolera.
La prensa argentina indica que algunos de los rumores de los últimos días, como la posibilidad de que el Gobierno adquiera una participación relevante en YPF, tienen escaso sustento legal y podrían provocar litigios internacionales e inseguridad jurídica.
Los rumores también apuntan a la posibilidad de que el Grupo Petersen, que tiene en la actualidad un 25% de YPF, pueda vender su participación para procurar un nuevo equilibrio de fuerzas en el accionariado.
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