El Gobierno de la región catalana ha planteado a los representantes sindicales de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, reunida en la Consejería de Gobernación, once medidas estructurales y ocho temporales para reducir los salarios de los funcionarios, según consta en el documento que la Generalidad ha entregado a los sindicatos.

   En declaraciones a Europa Press, fuentes de la Generalitat han valorado positivamente el encuentro, ya que los sindicatos no se han levantado de la mesa y se han mostrado dispuestos a mantener las negociaciones, que se retomarán este jueves a las 11 horas y probablemente seguirán durante el viernes y los días laborables de la semana que viene --lunes, miércoles y viernes--, aunque los sindicatos han dejado claro a la salida de la reunión que se sienten indignados y engañados.   

 Entre las medidas temporales destaca la revisión de las plantillas ocupadas por personal interino "en servicios no finalistas ni esenciales", con el objetivo, según el Govern de mantener el máximo número de puestos de trabajo posibles, y no se aprobarán nuevas ofertas de empleo público para 2012 y se suspenderá la ejecución de las ofertas aprobadas y no convocadas.   

 El Gobierno catalán  ha planteado también una rebaja en la parte catalana de las pagas dobles de 2012, la suspensión del Fondo de Acción Social (FAS), de la aportación al plan de pensiones y del complemento de productividad.  

  Asimismo, entre las medidas temporales figura la reducción del 50% de los importes en concepto de dirección por objetivos del personal del Institut Català de la Salut (ICS) para 2012, y el establecimiento de una excedencia voluntaria con reserva del puesto de trabajo, ésta última, la única medida que los sindicatos no han considerado "insultante", según ha manifestado en declaraciones a los medios la responsable de Enseñanza de CC.OO, Montse Ros.   

 En el capítulo de medidas estructurales, consta la revisión de las ayudas comedor, la supresión de las mejoras por incapacidad temporal, de las vacaciones adicionales por antigüedad, y de las subvenciones sindicales "por encima de lo previsto en la normativa".  

  Asimismo, se prevé suprimir los fondos de tecnificación y los complementos de presencia efectiva y de normalización de los horarios que tienen los colectivos de funcionarios de prisiones.   

 El Gobierno también contempla modificar la retribución durante el primer año de reducción de jornada para tener cuidado del hijo, así como los días de asuntos propios, y de los complementos por estadios, niveles de carrera o tramos docentes de los empleados de enseñanza.

    Las dos últimas medidas estructurales contemplan deducir las retribuciones por ausencias injustificadas al trabajo, lo que los sindicatos han asegurado que "se ha hecho toda la vida", y regular el complemento por número de asegurados del personal de contingente y zona del ICS.

DECEPCIONADOS E INDIGNADOS   

Los sindicatos representados en la Mesa de Negociación de los empleados públicos --CC.OO., UGT y AIC-- han salido de la reunión, a la que ha asistido a primera hora la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y que ha durado unas dos horas, "muy decepcionados y muy indignados", ya que el Govern ha presentado las medidas sin ninguna cifra ni detalle, según ha manifestado la representante de Enseñanza de CC.OO., Montse Ros.  

  La coordinadora del Área Pública de CC.OO. de Catalunya, Josefina Pujol, ha considerado que los planteamientos del Ejecutivo catalán suponen "ir 30 años atrás" y ha criticado la falta de concreción, ya que no se ha detallado a cuántas personas afecta cada medida, qué ahorro se pretende conseguir, ni la pérdida salarial que representa.   

 "Estamos dispuestos a hablar, pero no con lo que hoy se nos ha puesto sobre la mesa. Ha sido un teatro", ha zanjado.  

  Según Ros, los empleados públicos catalanes han sufrido un recorte del poder adquisitivo del 20% desde 2007, y con las medidas planteadas este miércoles calculan que la reducción alcanzará un 50% respecto a hace cuatro años.

   El responsable del sector Generalitat de UGT, Xavier Casas, ha manifestado que el Govern "ha hecho una declaración de guerra, poniendo a prueba la capacidad de paciencia de los trabajadores públicos catalanes".