En una rueda de prensa convocada este martes para informar de la decisión del Gobierno sobre el futuro de la planta nuclear burgalesa, la que más años ha operado en España, el ministro ha explicado que la orden ministerial que tiene que emitir el Gobierno al respecto "será la de denegación" de la continuidad de la explotación porque las "circunstancias actuales" no garantizan la suficiente certidumbre, en relación a la oposición de todos los grupos políticos de la oposición a la reapertura y a las discrepancias sobre la solicitud también expresadas por Iberdrola y Endesa.

El ministro ha lamentado la falta de certidumbre y de un "debate sosegado" y considera que Garoña se ha utilizado como un "símbolo de discusión política" y se ha convertido en una "batalla política" con posicionamiento de antemano.

Nadal ha justificado la decisión del Gobierno en un análisis de los "pros y contras". Así, ha dicho que el tiempo hasta que la central pudiera reabrir, algo que tardaría al menos dos años --mientras la planta acometiese todas las obras e inversiones exigidas por el Consejo de Seguridad Nuclear--, pasaría en una situación de "incertidumbre" tanto política, ya que la mayoría de la Cámara Baja y de los partidos de la oposición han manifestado su oposición, como entre los accionistas.

A estos, Iberdrola y Endesa les ha afeado sus "cambios" de postura en los últimos años respecto al futuro de la planta de la falta de acuerdo interno, así como su decisión unilateral de extraer el combustible en 2012, lo que le supuso una multa millonaria. También les ha acusado de utilizar la central como objeto de presión contra el Gobierno.

DESMANTELAMIENTO: ENTRE 13 Y 16 AÑOS

En todo caso, el ministro confía en que "no haya más Garoñas" pero asegura que el cierre del reactor, que lleva desde 2012 sin producir electricidad, tendrá "nulo impacto" en el sistema energético español debido a su "pequeño tamaño", al tiempo que ha precisado que su desmantelamiento llevará entre 13 y 16 años.

En cuanto a los trabajadores, ha manifestado que tienen "el futuro garantizado" y que los pueblos cercanos a la central seguirán recibiendo las ayudas por parte de Enresa (la empresa estatal de residuos) y ha añadido que el Gobierno trabajará con la Junta de Castilla y León para buscar la "viabilidad" de futuro en la comarca.

MANTENER EL PARQUE NUCLEAR

En todo caso, ha confirmado que la postura del Gobierno es "mantener el parque nuclear" frente al PSOE que "no quiere" que haya en 2028 ninguna central en España, por lo que considera que los grupos políticos tendrán que "discutir".

Nadal ha recordado en ese sentido que "toda" decisión energética tiene ventajas e incovenientes y ha insistido en que prescindir de la energía nuclear en España supondrá un encarecimiento del 25 por ciento en el mercado de la electricidad.

SEIS MESES DE "BATALLA"

La decisión del Gobierno una semana antes de que concluyera el plazo de seis meses después de que el pasado 8 de febrero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe favorable --con el voto en contra de la entonces consejera Cristina Narbona-- a la renovación de la autorización de explotación sin una fecha determinada.

Este informe establecía un conjunto de 10 condiciones, 15 instrucciones técnicas complementarias y un programa de pruebas de arranque en el que se verificaría el cumplimiento de todo ello, antes de que la central pudiera, en caso del permiso del Gobierno, volver a cargar combustible.

Una vez emitido el informe favorable la pelota estaba en el tejado del Gobierno, ya que las empresas propietarias de Nuclenor, Iberdrola y Endesa, mantuvieron una reunión el 26 de abril de 2017 en la que no llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán para desistir de seguir adelante con la solicitud que formularon en 2014 para poner de nuevo en marcha el reactor burgalés hasta 2031.

De ese modo, Garoña se convertiría en la primera central nuclear en llegar hasta los 60 años de operación y abriría el camino al resto de centrales españolas, que se van acercando progresivamente hasta los 40 años de vida útil, un concepto que Nadal ha calificado de "mediático", en pleno proceso del Gobierno por definir el modelo energético del futuro.

No obstante, la planta, que contaba con permiso de explotación hasta el 6 de julio de 2013, dejó de producir electricidad ocho meses antes, en diciembre de 2012, a consecuencia de un nuevo impuesto sobre el combustible que estableció el Gobierno y que Nuclenor estimó que le supondría un coste inasumible.

Así, el plazo para que Nuclenor pudiera solicitar su renovación expiró y, ante la apuesta del Gobierno por que la planta pudiera seguir adelante, meses después, en enero de 2014, el Ejecutivo aprobó una modificación normativa por la que una central que no hubiera cerrado por motivos relacionados con la seguridad nuclear ni la protección física, es decir por causas económicas, tendría un plazo añadido de un año para replantearse la decisión y pedir una nueva autorización.

Con esta modificación, el titular presentó el 27 de mayo de 2014, una solicitud hasta el 2 de marzo de 2031, cuando cumpliría 60 años de operación, de acuerdo con la "práctica regulatoria existente en Estados Unidos" y porque consideraba que un marco temporal de explotación de "estas características es necesario para hacer viable el proyecto y proporcionaría la estabilidad y certidumbre adecuada para acometer las inversiones precisas".

Desde entonces, Nuclenor ha invertido en mantener la planta en una situación de reversibilidad unos 358 millones de euros y estos costes estarían en el centro de la discusión entre los accionistas de Garoña.

El 11 de julio, el Gobierno abrió un plazo de diez días para que once interesados presentasen alegaciones al proceso. De estos, presentaron alegaciones favorables a la continuidad la Junta de Castilla y León y la Asociación de Municipios de Áreas Nucleares (AMAC) y contrarias a esa decisión las ONG Greenpeace, Ecologistas en Acción y las comunidades autónomas de País Vasco y Navarra.

La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) es la más antigua de España --después del cierre en 2006 de José Cabrera (Guadalajara)--, fue inaugurada en 1970 y terminó su actividad el 16 de diciembre de 2012, después de haber operado 42 años y medio.

En 2009, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió un informe favorable por unanimidad a que la planta operase por 10 años más, hasta 2019. Si bien, el Gobierno autorizó su renovación hasta el 6 de julio de 2013 y decretó su cierre a partir de esa fecha.

UGT cree "erróneo" y "cobarde" el cierre y

exige un plan de reindustrialización para la

zona

El secretario general de FICA-UGT, Pedro Hojas, ha calificado este martes en la capital burgalesa de "errónea" y "cobarde" la decisión del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña y ha pedido un plan de reindustrialización para su zona de influencia.

"Es una decisión desagradable, errónea y cobarde", ha aseverado
Hojas, en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de añadir que "los gobiernos están para gobernar y tienen que pensar en el interés general y no en posiciones políticas, populistas y debates manidos, que es lo que ha pasado".

Hojas ha responsabilizado del cierre de la planta burgalesa al actual Gobierno de Mariano Rajoy, así como al anterior del Partido Popular y los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. "Todos han tenido una responsabilidad muy importante", ha añadido.

Al respecto, ha asegurado que la decisión anunciada por el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, entra en contradicción con la postura mantenida por el PP meses atrás y ha
señalado que va en contra de los intereses competitivos de las empresas.

El secretario general de FICA-UGT ha insistido en que Garoña podía mantener su actividad después del pronunciamiento del Consejo de Seguridad Nuclear y ha recalcado que se trata de un activo industrial que ahora perderá España.

Para Pedro Hojas, la decisión del cierre de la planta nuclear se produce un momento crucial, en el que se pretende decidir la transición energética del país y en el que se podría dar la circunstancia, tal y como ha remarcado, de que se acordase profundizar en la energía nuclear.

ZONA DE INFLUENCIA

Por todo esto, ha anunciado que FICA-UGT exigirá la recolocación y búsqueda de salidas laborales para todos los trabajadores de Nuclenor, a la vez que ha mostrado su preocupación por el tejido empresarial creado en toda la zona de influencia de la planta y que dependía de su continuidad. "Vamos a ser muy beligerantes", ha añadido.

Por ello, ha abogado por el desarrollo de un "ambicioso" plan de reindustrialización para las comarcas de Miranda de Ebro, Las Merindades y La Bureba que contemple la creación de puestos industriales de calidad y no de servicios. "Estamos cansados de planes que no se cumplen y por eso hay que exigir hechos reales", ha puntualizado.

Finalmente, ha anunciado que el próximo jueves, día 3 de agosto, a las 18.00 horas en Miranda de Ebro se celebrará una asamblea informativa para recopilar toda la información de las empresas y disponer de un censo real de empresas.