Además, el Gobierno ha puesto sobre la mesa un incremento que la tasa de reposición, que seguirá siendo del 0% con carácter general, aunque aumentará del 10% al 20% en ciertos servicios esenciales como sanidad, educación o lucha contra el fraude.

Estos servicios esenciales son los mismos que han venido contemplándose hasta ahora, de modo que no ha habido ninguna ampliación a otros ámbitos como había sugerido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros del pasado viernes.

Por último, los sindicatos de la función pública han criticado que el 25% de la paga 'extra' de Navidad de 2012 suprimida en aquel año, que el Gobierno devolverá a los funcionarios, sólo de la Administración General del Estado (AGE), a través de los PGE del próximo año, no es sino la parte correspondiente a los 44 días devengados entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012 (fecha de entrada en vigor del decreto 'antidéficit' que suprimió la paga) que los tribunales están reconociendo en diferentes niveles de la administración.

En declaraciones a los medios a la salida de la reunión, el presidente de CSI-F, Miguel Borra, ha asegurado que más allá de ese 25%, desde el Hacienda no se ha explicado si los funcionarios cobrarán el 75% de la paga 'extra' restante.

Todas estas decisiones suponen, según ha declarado Borra, "un nuevo portazo a que la recuperación económica llegue a los empleados públicos". "Van cinco años consecutivos de congelación salarial en los que los funcionarios han perdido poder adquisitivo y van a devolvernos el 25% de la paga 'extra' porque no les queda más remedio, porque lo estamos ganando día a día en los tribunales", ha dicho.

"Hemos pedido la devolución del 100% de la paga a todos los empleados públicos y nos oponemos a la congelación salarial. Luego, la tasa de reposición vuelve a ser total y absolutamente insuficiente", ha añadido, para apostillar que "decenas de miles de puestos de trabajo se van a volver a perder a lo largo de 2015, lo que supondrá plantas de hospitales cerradas y más inseguridad en las calles".

Por su parte, el coordinador del área pública de CC.OO., Francisco García, ha señalado que las propuestas que ha puesto sobre la mesa el Gobierno son "radical y nítidamente rechazables para CC.OO.".

"Rechazamos que en un escenario que el Gobierno sigue definiendo como de recuperación económica los funcionarios sigan perdiendo poder adquisitivo, viendo sus retribuciones congeladas, y tampoco aceptamos otra dura pérdida de empleos en los servicios públicos", ha añadido, para apostillar que la devolución del 25% de la paga 'extra', correspondiente al devengo de los 44 días reconocidos por los tribunales, es "una burla".

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), Julio Lacuerda, se ha expresado asegurando que el Gobierno "miente", ya que las propuestas presupuestarias desplegadas "desacreditan el discurso de la recuperación económica".

Además, ha acusado al Gobierno de "dejar en la cuneta" a muchos empleados públicos que están fuera de la AGE y que no tienen capacidad de negociación en sus respectivas administraciones para negociar la devolución del 25% de la paga 'extra' que sí se reintegrará a los funcionarios estatales.

LOS SINDICATOS AVANZAN DE MOVILIZACIONES.

Por otra parte, los sindicatos de la función pública han lamentado a la salida de la reunión, a la que no ha asistido el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, sino a la directora general de la Función Pública, Carmen Sánchez-Cortés, que el Gobierno ha dado a conocer algunas de sus decisiones a través de los medios de comunicación y ha hurtado toda negociación.

Por todo ello, los sindicatos avisan de que no descartan movilizaciones y advierten al Gobierno de la masa de votos que suponen los funcionarios de cara a próximas citas electorales.

Así, Borra ha avisado de que "a este Gobierno le quedan pocos meses para hacer justicia con los empleados públicos" y ha asegurado que los sindicatos "no descartan ninguna opción" de presión a la hora de tratar de mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos, aunque en un principio contactarán con los partidos políticos para tratar de introducir cambios durante el debate parlamentario de los PGE.

Desde CC.OO. han avisado también que "si el Gobierno no está dispuesto a cambiar el rumbo durante la tramitación parlamentaria de los PGE, el sindicato estudiará la posibilidad de tomar medidas y de poner en marcha iniciativas de contestación".

Finalmente, Lacuerda ha sentenciado que "habrá contestación mientras la Ley esté en sede parlamentaria y también de que sea aprobada".