Sáenz de Santamaría, que ha llegado al Campus FAES en Navacerrada (Madrid) acompañada por el expresidente del Gobierno José María Aznar,  ha señalado que las reformas estructurales "no son una opción política sino una condición indispensable para acabar con los desequilibrios que vive España" y ha subrayado que los ciudadanos han dado su confianza de forma "claramente mayoritaria" al PP para "cambiar todo lo que no funciona".  

   Entre esas reformas ha citado la del sistema financiero pero no ha hecho ninguna mención a la decisión del juez de la Audiencia Nacional de citar como imputados al expresidente de Bakia, Rodrigo Rato, y los miembros del consejo de administración de esa entidad, un asunto que copa las portadas de todos los medios de comunicación.

PROGRAMA REFORMISTA PARA SUPERAR "LOS DESEQUILIBRIOS"

     Sáenz de Santamaría ha afirmado que España debe saber aprovechar sus "fortalezas" para superar los "desequilibrios" y ha subrayado que la única manera de hacerlo es llevar a cabo un programa reformista basado en la consolidación fiscal, la reestructuración del sistema financiero y la puesta en marcha de reformas estructurales para volver a crecer y crear empleo.  

   En materia de consolidación fiscal, ha destacado la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que  incluye mecanismos de ajuste para que las administraciones públicas "cumplan con la senda de ajuste marcada" y no se "desvíen" del objetivo de déficit.  "Ha sido el consenso de las comunidades lo que ha permitido que el Consejo de Política Fiscal y Financiera iniciara de común acuerdo un proceso de ajuste generalizado al que debe darse un nuevo impulso", ha enfatizado.  

   Entras las reformas y medidas puestas en marcha por el Gobierno ha citado el pago a proveedores, con la inyección de 27.000 millones en la economía productiva; la reforma laboral, que está empezando a dar "sus frutos"; o la reforma financiera que, aunque ha llegado "tarde" en comparación con otros países, permitirá colocar a los bancos españoles entre los "más solventes y provisionados" del conjunto de la UE.  

    Asimismo, Sáenz de Santamaría ha defendido una profunda reforma del ámbito regulatorio, con "menos y mejores leyes". A su juicio, España necesita un proceso de "simplificación normativa profundo a nivel estatal, autonómico y local", encaminado hacia la liberalización de muchos sectores. Y la unidad de mercado, ha asegurado, es "un elemento básico".  

   En este punto, ha adelantado que se creará una grupo de trabajo para la unidad de mercado en el ámbito de la comisión de secretarios y subsecretarios para aprobar una ley reguladora de la unidad de mercado que será "un paraguas general" sobre el que todos los departamentos tendrán que trabajar para "una mayor simplificación de procedimientos en todas las administraciones" con el fin de alcanzar "un sistema de licencia única y de reconocimiento mutuo de los permisos y licencias que las distintas administraciones otorgan entre sí".

REFORMA INSTITUCIONAL 

      A reglón seguido ha citado entre los objetivos del Gobierno la reforma institucional, ya que, según ha recalcado, "se impone un cambio en la cultura administrativa". Por lo pronto, ha dicho que el Ejecutivo ha iniciado un proceso de reestructuración del sector público empresarial que culminará con la desaparición de 80 empresas y fundaciones públicas pero ha defendido la necesidad de que hagan lo mismo las comunidades y los ayuntamientos.

     También ha puesto en valor el plan de gestión de patrimonio inmobiliario del Estado renegociando alquileres y apostando por la reubicación, algo que, según ha dicho, ha permitido ahorrar 17,5 millones de euros en cuatro meses. Según ha recordado, más de 50.000 fincas constituyen la propiedad inmobiliaria del Estado pero éste sigue gastando más de 200 millones de euros en alquileres.      Entre las novedades, Sáenz de Santamaría ha adelantado la creación de un sistema central de compras único de suministros para toda la administración del Estado que "empiece a analizar los suplidos que necesita", con un órgano que se encargará de celebrar los contratos y de obtener "precios razonables". Según ha explicado, algunos ministerios como el de Defensa han puesto en marcha esas centrales de compras en sus propios departamentos, lo que ha supuesto "grandes ahorros".

 REFORMA DE LA LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL  

    Además, la vicepresidenta ha asegurado que "en estos días" el Ejecutivo impulsará "cambios profundos" en la Ley de Bases de Régimen Local que incluirá una "redefinición" de la estructura de la administración local y del ejercicio de sus competencias, garantizando que los pequeños municipios puedan recibir servicios públicos adecuados "a precios adecuados" y "mejor gestionados". Se trata de poner orden en la "multiplicidad de entidades locales" que hay en España que ejercen "con una gran parafernalia administrativa una multiplicidad de competencias que multiplican la gestión y por tanto, los recursos públicos".

     Asimismo, ha señalado que el Gobierno impulsará medidas para dar "más transparencia" en aspectos como el número de concejales y la retribución de los mismos, con baremos para fijar los sueldos de los alcaldes en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de acuerdo con las características de los municipios y que se incluirán en la futura Ley de Transparencia.

    La vicepresidenta del Gobierno ha recordado que habrá reformas en el ámbito de de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de su Consejo, y del Tribunal Constitucional, así como el fortalecimiento de instituciones como el Tribunal de Cuentas. "Vivimos un momento de cambio y el cambio se impone a todos los niveles" ha señalado, para añadir que ya lo hizo el PP en 1996 y ahora las reformas también son "imprescindibles" para crecer y crear empleo.

 REFORMAS TAMBIÉN EN EUROPA  

   La "número dos" del Gobierno que ha abierto el curso "De la primera Constitución al constitucionalismo del futuro" que dirige el exsecretario de Estado Ignacio Astarloa, ha recordado loa avances de "La Pepa" y ha afirmado que el momento actual, como hace 200 años también es un "momento de cambio" y "una nueva visión de constitucionalismo". "La historia nos enseña a no repetir los errores del pasado y nos recuerda como afrontando con valentia y determinación los problemas es posible mirar al futuro. La historia de un país no es nunca un lastre sino un activo del que se puede aprender", ha apostillado.

   Sáenz de Santamaría ha resaltado que con el Gobierno de Mariano Rajoy, España "ha recuperado el rumbo y está recuperando el lugar que en otros momentos tuvo en Europa", dejando de "avanzar en dirección contraria como hace algunos años". Según ha dicho, el Ejecutivo del PP fue el primero el reclamar una apuesta por el crecimiento y la integración en la Unión y está dispuesto a contribuir a liderar ese objetivo.  

   En este contexto, ha pedido dar "un paso más" porque la política monetaria requiere hoy de una política fiscal más coordinada y de una verdadera unión bancaria. Y el Consejo Europeo celebrado la pasada semana en Bruselas, ha proseguido, avanzó "desde la responsabilidad" y fijó "las líneas de futuro par la Unión Europea".