Viernes, 30 de mayo de 2025
Gallardón reveló a los jueces que el Gobierno no tenía dinero para pagar los gastos corrientes del Estado, según
El Gobierno dice la verdad a los jueces y la oculta al resto de españoles: No hay dinero para el funcionamiento normal del Estado
El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha desvelado este martes que el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón dijo a las asociaciones de jueces y fiscales que el Gobierno no tenía dinero suficiente para atender los gastos corrientes del Estado.
"Recuerdo literalmente que Gallardón dijo que el Gobierno no tenía dinero suficiente ni para pagar los pagar los gastos corrientes del Estado y por lo tanto desde las directrices de la Unión Europea se imponía un recorte del déficit y cada Ministerio tenía que recortar una serie de partidas económicas", ha afirmado Bosch en una rueda de prensa en la que las siete asociaciones de jueces y fiscales han anunciado medidas de protesta ante la "inasumible" carga de trabajo que soportan los juzgados.
El portavoz de Jueces para la Democracia, acompañado por el resto de asociaciones, ha afirmado que el ministro pronunció estas palabras durante la reunión que mantuvieron en la sede del Ministerio en la que se abordó la reforma legal para hacer excepcional la figura del juez sustituto.
En este sentido, el Ministerio expuso la necesidad de ahorrar una partida de 20 millones de euros a través de la reducción del número de jueces sustitutos, que sobrepasa los 1.200 interinos. "Nos indicó que se tenían que recortar 20 millones de euros y que la solución era despedir de alguna manera a los jueces sustitutos para que cuadraran las cifras del presupuesto", ha dicho.
Las asociaciones de jueces y fiscales han expuesto su discrepancia a la reducción del número de sustitutos ante la "inasumible" carga de trabajo que ya soportan los titulares de los órganos jurisdiccionales.
En este sentido, la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Teresa Sáez, ha indicado que esta medida es contraria a la prestación de un servicio público de calidad.
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