El Gobierno dice ahora que no hay "ninguna constancia" de "irregularidades" en la concesión de un aval por parte de la Compañía España de Seguro de Crédito a la Exportación, S.A. (Cesce) a la empresa Sacyr para el proyecto de las obras de ampliación del Canal de Panamá, y niega que la constructora recibiera un "trato de favor" en dicho proceso.

   Así lo asegura en varias respuestas escritas a los diputados Gaspar Llamazares (IU), Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) y Joan Baldoví (Compromís-Equo) sobre el conflicto que a principios de año mantuvieron el grupo de constructoras encargado de las obras --que lidera la española Sacyr-- y la Autoridad del Canal de Panamá, que finalmente se saldó con una solución acordada y la reanudación de los trabajos.

   Baldoví se hacía eco de informaciones periodísticas según las cuales Sacyr consiguió el aval de 160 millones de euros de Cesce "aunque no cumplía todos los requisitos" y por ello interpelaba al Ejecutivo para saber quién tuvo la "responsabilidad máxima" en dicha concesión y si cree que "se actuó correctamente".

   En su respuesta, que recoge Europa Press, el Gobierno señala que la operación fue aprobada por la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado conforme a la normativa vigente, e indica que "hasta el momento la concesión del aval no ha generado ningún perjuicio ni a Cesce ni al Estado". "Con la información de la que se dispone, no se tiene ninguna constancia de que se haya obrado irregularmente", añade, sin aclarar sin embargo si abrirá una investigación para depurar responsabilidades como pedía el diputado valenciano.

NO HA HABIDO PRÉSTAMOS

   Por su parte, el portavoz adjunto de la formación magenta recordaba que en 2009, cuando la compañía pública avaló a Sacyr, se produjeron críticas sobre "un presunto trato de favor a la empresa derivado de estrechos lazos políticos con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero" y sobre que la oferta económica de la constructora para conseguir el proyecto constituía una "baja temeraria".

   Ante la posibilidad de que hubiera que ejecutar el aval público, Martínez Gorriarán pedía detalles sobre el compromiso exacto que había asumido Cesce y preguntaba al Ejecutivo si "considera que Sacyr consiguió del Gobierno nacional del momento algún tipo de trato de favor, en contraste con otras empresas españolas que también concursaron para la obra de ampliación del Canal" y que no recibieron respaldo público.

   En su respuesta, el Gobierno aclara que Cesce únicamente aseguró las fianzas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales de Sacyr --licitaciones, pagos, fiel cumplimiento y buen uso de los tres anticipos-- pero que nunca realizó ningún préstamo a la empresa.

   "El riesgo que asume Cesce es el de impago de Sacyr al fiador --la aseguradora Zurich-- del importe ejecutado de las fianzas o avales prestados en su nombre. Se trata, por tanto, de una fianza a los fiadores de Sacyr", precisaba, añadiendo a renglón seguido que "con la información de la que se dispone no puede considerarse que la empresa Sacyr haya conseguid un trato de favor".

   En el mismo sentido, en respuesta a Llamazares, precisa que "en el hipotético caso de que se produjera la indemnización, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación deberá llevar a cabo todas las acciones necesarias para recobrar la indemnización pagada".

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DETECTÓ IRREGULARIDADES

   Estas respuestas contrastan con las declaraciones que el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, realizó el pasado mes de marzo en sede parlamentaria, cuando reconoció que el procedimiento por el que Cesce concedió en 2009 el aval a Sacyr fue "irregular" ya que el expediente tendría que haber pasado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno.

   Según García-Legaz, las garantías concedidas a la constructora en 2009 "no debieron haberse otorgado por ese procedimiento, que fue irregular", ya que "las operaciones de esa cuantía" deben pasar por la Comisión Delegada. "Y ésta no lo hizo", añadió, confirmando así las deficiencias que el propio Tribunal de Cuentas señaló en su informe de fiscalización de la actividad de Cesce de ese ejercicio, donde también recordaba que debería haberse aprobado una orden ministerial que "amparase" las peculiaridades de esta operación.

   El documento hacía referencia a dos pólizas por las que Cesce cobró una prima de 16,4 millones de euros. "La primera de ellas se suscribió sin someterse en todos sus aspectos significativos a lo previsto en las condiciones generales para esta modalidad de seguro y para la segunda se aceptó su cobertura, a pesar de las reservas manifestadas por los servicios técnicos de la entidad, con el objeto de evitar un empeoramiento del riesgo asumido anteriormente", apunta el Tribunal.

   En cuanto a la segunda póliza, el organismo fiscalizador ha "constatado que las necesidades totales de aseguramiento que el exportador español requería no fueron íntegramente conocidas por la Comisión de Riesgos Cubiertos por Cuenta del Estado al tiempo de autorizarse la operación", por lo que los riesgos aceptados inicialmente por Cesce "sólo resultaron ser una parte de los que finalmente hubo que cubrir".

   Así, el organismo público se vio obligado a aceptar la ampliación de las garantías, pese a su envergadura, para evitar, en caso contrario, la inviabilidad de la operación de exportación y las consiguientes pérdidas que se hubieran producido para todas las partes, incluida la propia Cesce.

EL VIAJE DE PASTOR LO PAGÓ FOMENTO

   En otra respuesta parlamentaria, el Ejecutivo explica a Baldoví que el viaje que la ministra de Fomento, Ana Pastor, realizó a Panamá a principios de año tuvo lugar "a petición" del Gobierno panameño para "tratar la problemática surgida durante la ejecución de las obras" ante la "repercusión que esta obra tiene tanto sobre el transporte marítimo internacional como sobre la internacionalización de las empresas españolas de la construcción y la ingeniería".

   Por eso, y a pesar de tratarse de "un problema entre una entidad privada y una entidad que es independiente del Gobierno panameño", el Gobierno considera que la presencia de Pastor estaba justificada y servía para defender intereses españoles, razón por la cual "los costes del viaje han sido asumidos por el Ministerio de Fomento".

   No obstante, en otro texto remitido a Gaspar Llamazares, el Ejecutivo recuerda que "la imagen de un determinado país es la consecuencia de múltiples factores concatenados a lo largo del tiempo" por lo que la 'Marca España', que "es muy apreciada", "no puede verse afectada por una desaveniencia de índole comercial en la ejecución de un proyecto concreto".