El borrador contempla cambios en tres textos legales: la Ley 34/2006 sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, la Ley 2/2007 de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.

Moncloa ha explicado que "el proyecto de ley es una regulación particularmente relevante para abogados y procuradores, pues acomoda la legislación española a las exigencias del derecho europeo en lo referente al acceso y a las condiciones del ejercicio de esas profesiones y, especialmente, a la interacción entre ambas".

De esta forma, ha señalado, "se da respuesta integral y coherente a las objeciones que la Comisión Europea formuló respecto del modelo vigente del ejercicio de la procura en España" y que llevaron al Ejecutivo comunitario a abrir un procedimiento de infracción al respecto. Ahora, el Gobierno confía en que se cierre.

El principal cambio es que se establece el acceso único a las profesiones de abogado y procurador, de modo que "se exigirá el mismo título académico --el grado en Derecho-- y el mismo máster de capacitación", pero se mantiene la separación en la práctica profesional, por lo que "no podrán ejercerse simultáneamente".

En segundo lugar, permitirá las sociedades profesionales mixtas para que en un mismo despacho profesional se puedan prestar todos los servicios jurídicos necesarios para comparecer ante los tribunales de justicia.

Otro cambio relevante es que "se limita a 75.000 euros la cuantía total que un procurador puede devengar por un mismo asunto, frente a los 300.000 euros actuales", y se eliminan los límites mínimos.

"En definitiva, es un conjunto de reformas que permiten conciliar la libre prestación de servicios jurídicos sin menoscabar la eficacia de la administración de justicia en España, y además lo hace en términos compatibles con las directivas comunitarias", ha destacado el Gobierno.

El proyecto de ley incluye tres disposiciones transitorias para que desde su entrada en vigor pueda aplicarse a quienes estén ya colegiados como abogados o procuradores o en condiciones de hacerlo; para regular la situación de quienes en ese momento estén realizando el curso de capacitación o estén pendientes de evaluación; y para regular los derechos arancelarios de los procuradores en los procedimientos que estuvieran tramitándose.

La elaboración y aprobación del anteproyecto de ley que reforma las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador se acordó en enero de 2018, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, en respuesta a la directiva europea del 12 de diciembre de 2006, relativa a servicios en el mercado interior.