El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ordenó en el año 2008 la compra de diferentes terrenos destinados a la construcción de vivienda protegida que, apenas dos años más tarde ya habían perdido casi la mitad de su valor contable lo que contribuyó a que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) multiplicara por 60 sus pérdidas del ejercicio 2011.

   Así se desprende del 'Informe de fiscalización de las inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo y del inventario del patrimonio inmobiliario de la Entidad Pública Empresarial del Suelo SEPES, ejercicios 2010 y 2011', publicado por el Tribunal de Cuentas y que recoge Europa Press.

   En dicho documento se explica que en 2008 el Gobierno "consideró oportuno" completar las acciones para la promoción de vivienda protegida en el marco del Plan E, por lo que puso en marcha una oferta pública de compra de suelo privado en municipios de más de 20.000 habitantes.

   La operación, pensada para un periodo de cuatro años con un presupuesto máximo de 300 millones de euros (sin impuestos) de inversión más 130 millones aportados por SEPES para la urbanización de los terrenos, se hacía con la convicción de que a partir de 2011 se comenzaría a tener ingresos por las ventas, ya que el 15% de las viviendas se pondrían a la venta en 2010, el 30% al ejercicio siguiente, el 45% en 2012 y el 10% restante en 2013.

OCHO ELEGIDOS

   Así, de las 33 ofertas de suelo elegible que recibió SEPES finalmente se aprobaron las ocho actuaciones que cumplían todos los requisitos de viabilidad económica, urbanística y técnica, y también de demanda de vivienda protegida, a partir de los cuales se definió el precio máximo de adquisición del suelo.

   En concreto, se trataba de terrenos en Puertollano, La Armunia (León), Draguillo Sur (Santa Cruz de Tenerife), Ibi (Alicante), Linares (Alicante), Telde (Gran Canaria), Basauri (Vizcaya) y Villanueva de la Serena (Badajoz), en los que se invirtieron 80,62 millones de euros.

   Sin embargo, a 31 de diciembre de 2011 el Tribunal de Cuentas constata que el grado de ejecución de la operación era "muy bajo" y que además existían "problemas urbanísticos" en los terrenos adquiridos.

   En concreto, un informe de la Unidad de Servicios Jurídicos de SEPES detectó irregularidades en los criterios de preferencia para determinar la valoración de ofertas, en particular en Linares, donde el terreno elegido estaba calificado de rústico y el cambio del Plan de Ordenación Urbana estaba sin aprobar. Algo parecido sucedía en Basauri, donde las parcelas estaban destinadas a uso global industrial, y en Puertollano, donde se trataba de suelo urbanizable no programado de uso global industrial. Es decir, terrenos donde no se pueden construir viviendas.

   Asimismo, el informe jurídico señaló que en algunos casos "no se tuvieron en cuenta las conclusiones del estudio de mercado realizado por el tasador y aquellos otros estudios o informes sobre la viabilidad de los terrenos a adquirir", ya que "de haberlos tenido en cuenta no se hubieran seleccionado las ofertas de Villanueva de la Serena, León, Telde, Puerto llano e Ibi por no existir demanda o por ser inviables".

   También se compró suelo a un precio unitario "mayor al recomendado" para garantizar la viabilidad de las operaciones en los casos de Linares, León, Telde, Puertollano e Ibi. Y el informe jurídico apunta además a que algunas de estas compras se realizaron "en base a unas instrucciones recibidas del Ministerio de Vivienda, desconocidas para el servicio jurídico", que se suman a otras irregularidades formales.

   Con todo ello, a 23 de octubre de 2012 el deterioro del valor de estos terrenos en las cuentas de SEPES ascendía a casi 43 millones de euros, es decir, el 53,24% de lo que se había pagado por ellos, aunque en algunos casos como los de Puertollano o Linares la pérdida de valor superaba el 90% de la inversión.

CONVENIO CON DEFENSA

   Algo parecido sucedió con el convenio suscrito en noviembre de 2008 entre los ministerios de Vivienda y Defensa, entonces encabezados por Beatriz Corredor y Carme Chacón, respectivamente, a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa (GIED) y SEPES.

   Un acuerdo según el cual la sociedad de suelo público enajenaba inmuebles de Defensa en Villaverde (Madrid), Valencia y Sevilla que podían utilizarse para vivienda por un precio de 112,9 millones de euros (impuestos no incluidos).

   Sin embargo, como en el caso de las operaciones de compra de terrenos, a 31 de diciembre de 2011 las obras en el Parque Central de Ingenieros y en el Parque de Artillería de Valencia no habían comenzado, las del Regimiento de Artillería de Sevilla sólo estaban ejecutadas al 4% y el Parque Central de Ingenieros de Villaverde seguía en fase de redacción de proyecto, aunque se había vendido ya el 23% de la superficie.

   En estas circunstancias, la Intervención General del Estado recomendó también analizar estas operaciones por si se hubiera producido una depreciación que recomendara a SEPES hacer provisiones, estudio del cual se dedujo un deterioro de 50,84 millones de euros, el 45,03% de lo que se había pagado por los terrenos apenas tres años antes.

   Además, el informe de la Unidad de Servicios Jurídicos de SEPES señaló que el GIED no había estimado correctamente las cargas de urbanización de las que tenía que hacerse cargo la entidad de suelo, ya que en lugar de descontar 112,9 millones de euros del precio de venta tenía que haber descontado la totalidad de la inversión, "al subrogarse SEPES en los derechos y obligaciones asumidos previamente" por el organismo de Defensa.

   Es más, también se señaló que SEPES debía haber pedido informe o estudio previo de sus servicios jurídicos antes de realizar estas operaciones y se pusieron de manifiesto "deficiencias" en cuanto a la aprobación del gasto y la existencia de recursos financieros suficientes para financiar estas inversiones.

MÁS PÉRDIDAS PARA SEPES

   Con todo ello, en julio de 2012 SEPES tuvo que revisar sus propias cuentas y reconocer una depreciación de sus activos por valor de 93,76 millones de euros, lo que suponía un 48,4% de pérdida del valor contable que tenía registrado en libros a 31 de diciembre de 2011.

   Este ajuste, junto con otras revisiones a la baja derivadas de su participación, por ejemplo, en la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), provocaron un "ajuste muy significativo" de sus cuentas, que pasaron de unas pérdidas iniciales de 2,54 millones de euros a casi 124,3 millones, sesenta veces más.

   En este mismo periodo de tiempo, el Tribunal de Cuentas señala que SEPES también desembolsó 727.000 euros como contraprestación a unos trabajos encargados a SEPES Urbana, S.A.U. que "podría haber efectuado directamente con sus propios medios" y además tuvo que mantener cuentas corrientes con la mayor parte del capital desembolsado (12,5 millones) retribuido a un tipo de interés "inferior" al aplicado por las entidades de crédito por depósitos de similares características.

   Por todo ello, el organismo fiscalizador recomienda a SEPES regularizar su inventario inmobiliario para actualizar el valor contable de sus actuaciones, depreciar aquéllas de dudosa realización y dar de baja las que hayan sido totalmente desestimadas, así como acometer "un procedimiento riguroso de control de la gestión de las sociedades del grupo y asociadas" para "prevenir los riesgos que puedan surgir ante situaciones de administración irregular".