En la práctica, una de las consecuencias es que la medida servirá para poder pasar el déficit autorizado a las comunidades autónomas este año del 0,3% previsto en enero al 0,7% decidido en abril y aprobado por la UE. También se aprobará la senda para el ejercicio que viene, que todavía no se ha decidido, ha explicado el ministro de Hacienda y Adminsitraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

La decisión ha sido tomada en el Consejo de Ministros de hoy y atiende una reclamación de las comunidades autónomas, que exigían al Ejecutivo medidas para poder preparar con seguridad jurídica sus presupuestos para el próximo ejercicio. Pedían además información sobre la liquidación del año 2015 y la previsión de los ingresos que recibirán del sistema de financiación autonómica en 2017.

El ministro ha explicado que con esta salvedad en la Ley su departamento podrá convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se sientan todas las CCAA para debatir y aprobar los objetivos del año que viene. Lo mismo se hará con la Comisión Nacional de Administración Local en el caso de los ayuntamientos. Esos objetivos serán después aprobados por el Gobierno y enviados a las Cortes para su ratificación definitiva.

REFORMA DEL ARTÍCULO 15

La medida fue adelantada por el Gobierno de Canarias tras una reciente reunión con Montoro en Madrid. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, planteó una reforma del artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el que fija cómo se establecen los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto para el conjunto de las administraciones.

Ahí se incluirá una salvedad para cuando se produzcan dos situaciones excepcionales, ha señalado el ministro. Por un lado, que la UE apruebe una nueva senda de estabilidad para España y que al mismo tiempo el Gobierno no tenga capacidad para aprobar esa actualización, como ocurre ahora al estar en funciones.

La reforma será presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ya que el Gobierno no puede en su situación aprobar un proyecto de ley. Montoro ha asegurado que ha sido negociada con todos los grupos, que la disposición en general es positiva y que tendrá "mayoría suficiente" para su aprobación con urgencia.

4.000 MILLONES PENDIENTES DEL FLA

Cristóbal Montoro ha subrayado otra de las consecuencias de esta reforma. Una vez que el objetivo de déficit se amplíe oficialmente del 0,3 al 0,7%, el Gobierno podrá liberar los 4.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica con los que las comunidades adheridas puedan cubrir la diferencia. El dinero está de momento retenido.

El ministro ha explicado que de momento se ha aprobado ya el reparto del cuarto trimestre del FLA de este año. Son en total 10.489 millones de euros para ese objetivo inicial del 0,3%, pero una vez que se amplíe al 0,7% se liberarán otros más de 4.000 millones de euros. "Necesitamos cambiar el objetivo de déficit cuanto antes", ha apremiado Cristóbal Montoro.

Bruselas defenderá el lunes ante la

Eurocámara la suspensión de fondos a

España por el déficit

La Comisión Europea defenderá este lunes, 3 de octubre, ante la Eurocámara la suspensión de una parte de los fondos estructurales y de inversión comprometidos para el año 2017 para España y Portugal por haber incumplido ambos países el objetivo de déficit del pasado año.

La congelación parcial de los fondos estructurales y de inversión es consecuencia de que Bruselas constatara a principios de julio la "falta de acción efectiva" por parte del Gobierno español para cumplir con sus objetivos de déficit. España debía haber cerrado 2015 con un desvío del 4,2% en sus cuentas públicas, pero finalmente registró un déficit del 5% (del 5,1% si se tienen en cuenta las ayudas al sistema financiero).

La normativa comunitaria prevé la suspensión de hasta el 50% de los fondos estructurales y de inversión comprometidos para el siguiente año. En el caso de España podría suponer la congelación de hasta aproximadamente 1.300 millones de euros, según estimó el ministro de Economía en funciones, Luis De Guindos, en el Congreso. Otra consecuencia era una sanción del 0,2% del PIB, que finalmente fue cancelada.

Así, el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Empleo y Crecimiento, Jyrki Katainen, y la comisaria de Política Regional, Corina Cretu debatirán la congelación de fondos ante las comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Regional de la Eurocámara. La audiencia comenzará a las 18.00 horas y se extenderá durante dos horas y media.

Según las reglas comunitarias, Bruselas debe escuchar la opinión del Parlamento Europeo porque es colegislador en cuestiones presupuestarias y gestión de fondos, aunque su dictamen no sea vinculante. Una vez haya consultado a la Eurocámara, el Ejecutivo comunitario podrá presentar su propuesta, que detallará la cantidad concreta de fondos estructurales que se suspenderán.

Tras la audiencia, las presidentes, los vicepresidentes y los coordinadores de las dos comisiones se reunirán a puerta cerrada para decidir si convocan a la Comisión Europea a una nueva audiencia. La conferencia de presidentes de la Eurocámara decidirá el próximo jueves, 6 de octubre, los pasos a seguir.

Los portavoces de los grupos políticos han expresado este viernes sus posiciones en relación a esta cuestión. Así, Los Verdes, Izquierda Unitaria Europea y Socialistas y Demócratas se han mostrado en contra de la suspensión de fondos y han abogado por aprovechar el escenario actual para revisar las reglas presupuestarias comunitarias. El Partido Popular Europeo, por su parte, está a la espera de nuevos acontecimientos y no tiene aún una posición común.

ESPAÑA PUEDE EVITAR LA CONGELACIÓN DE FONDOS

Sin embargo, esta congelación de los compromisos para 2017 podría ser a su vez revocada. Para ello, la Comisión Europea debe evaluar los dos documentos que España tiene que presentar antes del 15 de octubre: el borrador de los presupuestos del año próximo y una relación de medidas efectivas para corregir el desvío en las cuentas públicas.

En este sentido, el ministro De Guindos ya informó de que el Ejecutivo en funciones presentaría una prórroga de los presupuestos de este año. Además, el Gobierno ha aprobado este viernes en Consejo de ministros la reforma del impuesto de sociedades, que permitirá recaudar unos 8.300 millones de euros más.

Bruselas tendrá que analizar entonces los ajustes presentados por las autoridades españolas y adoptar una posición al respecto que recomendar a los Veintiocho. Los socios comunitarios deben tomar una decisión, como muy tarde, a principios de diciembre. Si además vuelven a constatar la "falta de acción efectiva" del Gobierno, España se podría enfrentar a una multa del 0,5% del PIB, alrededor de 5.000 millones.