Según han explicado a Europa Press fuentes consultadas, se mantendría así la intención inicial del Gobierno de limitar el sueldo de los alcaldes al sueldo de un secretario de Estado, que puede rondar esos 100.000 euros porque al fijo anual que reciben, señalado en los Presupuestos del Estado en casi 70.000 euros, se suman los complementos de productividad, que son variables.  

  De ahí hacia abajo, los salarios de los regidores se reducirán según una escala que se regirá por el único criterio de la población de sus municipios, hasta el límite mínimo de 30.000 euros brutos para los alcaldes de pueblos de 5.000 vecinos. La propuesta baraja también que los municipios más pequeños, que podrían ser los de población inferior a los 1.500 habitantes, no tengan un sueldo fijo.  

  Si la ley finalmente fija estas cantidades, no supondrá gran variación para los alcaldes con nómina municipal más alta, los de las grandes ciudades, cuyas retribuciones se aproximan a esos 100.000 euros de tope previstos, aunque tendrán prohibida ninguna otra percepción económica.  

  El principal afectado será el alcalde de Barcelona, Xabier Trías, el de mayor sueldo de todos: 110.000 euros de base anuales; la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, percibe casi 95.000, mientras que la de Valencia, Rita Barberá, ingresa actualmente 87.000 euros anuales; el de Bilbao, Iñaki Azkuna, es el segundo alcalde con mayor sueldo, casi 96.400 euros anuales. También supera los 90.000 euros el salario anual del alcalde Zaragoza, Juan Alberto Belloch (91.812 euros).

   El sevillano José Ignacio Zoido es caso aparte porque cobra como diputado del Parlamento andaluz, renunció a su sueldo como alcalde, y percibe unos 43.580 euros al año. Zoido completa esta retribución con la que recibe como presidente del PP andaluz.

 SIN ACUERDO DEL PSOE

   Es la penúltima revisión de la reforma de la administración local que prepara el Ejecutivo y que tiene previsto aprobar en Consejo de Ministros el próximo viernes. Hace meses que la iniciativa es objeto de negociación entre Administraciones Públicas, las administraciones autonómicas y locales, el PSOE y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sin que se haya logrado cerrar un acuerdo.  

  La secretaría de Estado que dirige Antonio Beteta tiene prácticamente cerrado un texto desde diciembre; según la última versión a la que ha tenido acceso Europa Press, quedan abiertas pocas cuestiones, pero importantes: el régimen retributivo, el número de concejales que debe tener cada municipio, cómo equilibrar la función interventora y cómo reconocer el carácter institucional de la FEMP.  

  Fuentes socialistas, sin embargo, aseguran a Europa Press que el desacuerdo con el texto que prepara el Gobierno es completo y que no están conformes tampoco con el régimen retributivo, por lo que han decidido no continuar las negociaciones bilaterales con Ejecutivo y PP. Estas se mantienen entre el Gobierno y la FEMP, donde están representados todos los partidos.   

 El presidente de esta organización, el "popular" Iñigo de la Serna, asegura sin embargo que cabrán acuerdos sobre la reforma, aunque serán "parciales", y que se podrá avanzar en nuevos consensos una vez que la ley llegue al Congreso. Los portavoces y la junta de gobierno de la FEMP se reúnen mañana, encuentros en los que se podría aclarar el estado de las cosas.

DIPUTACIONES Y MANCOMUNIDADES   

 La reforma que prepara el Ejecutivo modifica la ley de gobierno local y la de haciendas locales; esta última, sólo para reforzar el control interno de las entidades, no en lo relativo a la financiación. Según el ministro Cristóbal Montoro, la reforma de esta se producirá cuando se aborde la de la financiación autonómica, lo que podría ocurrir en 2014.

   Además, la norma supondrá la futura reforma de la Ley Electoral para reducir el número de concejales. La propuesta del Gobierno es eliminar entre 10.000 y 15.000 concejales de los 68.500 ediles con los que actualmente cuentan los 8.100 municipios que hay en toda España.

   Entre las novedades, la nueva ley vincula constantemente la actividad de las entidades locales al cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria. Los municipios y organismos deberán estar saneados y cumplir unos requisitos de calidad en la prestación de los servicios mínimos para existir y si esto no se produce "se deberá proceder a su disolución", se dice en el último borrador.   

 Esta es la forma por la que podrían desaparecer los ayuntamientos de pueblos menores de 20.000 habitantes, cuyas competencias pasarían a la diputación correspondiente. Estas instituciones salen claramente reforzadas. Además, se prevé que no se puedan crear nuevas sociedades ni organismos paralelos y que desaparezcan las mancomunidades que no cumplan tampoco determinados estándares de calidad, pendientes de fijación.  

  Entre otros detalles, la reforma supondrá la vuelta de los interventores a la familia de funcionarios con habilitación estatal, es decir, que los alcaldes no podrán nombrarlos ni destituirlos porque no dependerán de ellos.  

  Además, se crea una nueva lista de competencias municipales, agrupadas en dos categorías: propias y delegadas. Las primeras suman 16 apartados, desde el urbanismo y el medio ambiente o el agua, al tráfico, la promoción de la cultura o la policía local. Pierden cualquier competencia en materia de salud y en cuanto a educación, podrán participa en la creación de centros públicos y en el cumplimiento de la escolaridad obligatoria.  

  Las competencias delegadas son las que podrán ceder el Estado o las autonomías, pero esa delegación "deberá ir acompañada de una memoria económica" que la justifique y del correspondiente pago de los recursos necesarios. "Habrá de ir acompañada necesariamente de la correspondiente financiación", se dice en el texto.

   Esta lista la forman 17 asuntos, desde la gestión de la vivienda a la prestación de servicios sociales y mantenimiento de centros asistenciales, creación, mantenimiento y gestión de escuelas infantiles, actividades complementarias en los centros docentes, gestión turística, promoción del empleo o liquidación y recaudación de tributos autonómicos o estatales.