El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, deducirá o retendrá de la financiación autonómica a las comunidades con lengua cooficial la matrícula, escolarización, transporte, comedor e internado de los alumnos que quieran optar el curso que viene 2014-2015 a una enseñanza en la que el castellano sea lengua vehicular, si no se garantizan plazas públicas suficientes.

Así lo establece el decreto, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, que desarrolla la disposición adicional 38ª de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), denominada 'Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal'.

Aunque esta disposición regula la obligación por parte de todas las administraciones educativas con lengua cooficial de garantizar el derecho del alumnado a recibir las enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, se dirige principalmente a Cataluña, donde se han dado a conocer algunos casos de familias que, queriendo estudiar en castellano en la red pública, se han encontrado con que no había oferta suficiente.

Según el texto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previa comprobación de esta situación, asumirá íntegramente, por cuenta de la administración educativa correspondiente, los gastos efectivos de escolarización de este alumnado en centros privados en los que exista dicha oferta, que repercutirán a dicha administración educativa.

El procedimiento será iniciado por las familias e instruido por la Alta Inspección de Educación y en él deberá darse audiencia a la administración educativa afectada. Los beneficiarios son los alumnos que cursen educación obligatoria --hasta los 16 años-- con un límite del gasto medio por alumno público en enseñanza no universitaria que actualmente es de 6.057 euros.

Según han explicado fuentes del Ministerio de Educación a Europa Press, en el caso de que el alumno que quiera estudiar en castellano sólo tenga un centro privado en su municipio o en el más cercano, y éste rebase el límite económico establecido de 6.057 euros anuales, la familia tendrá que asumir la diferencia.

LAS FAMILIAS ADELANTARÁN EL DINERO

El decreto establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de las solicitudes por parte de las familias, de manera que éstas tendrán que abonar por adelantado a los centros privados la cuota de escolarización y, si es necesario, el comedor y el transporte.

"No se intenta establecer modelos de utilización del castellano como lengua vehicular exclusiva en las comunidades con lengua cooficial propia. Ese no es el objetivo de la ley ni de esta norma", ha afirmado el ministro, que ha recordado que "simplemente, se trata de garantizar ese derecho que reiteradamente tiene reconocido el Tribunal Constitucional". Asimismo, ha indicado que se trata de un mecanismo "temporal y limitado".

El decreto establece que la revocación del derecho a la compensación se producirá cuando la comunidad autónoma en cuestión garantice que el alumno recibe enseñanza en castellano, dentro del marco de su programación educativa.

Wert, ha explicado los requisitos para poner en marcha este mecanismo subsidiario: que el modelo educativo no garantice el uso del castellano, es decir, que solo contemple el uso del castellano en asignaturas de Lengua y Literatura castellanas; que no haya proporción razonable de ambas lenguas; que los padres lo hayan solicitado de forma fehaciente y no hayan sido asistidos; o que el alumno se haya tenido que matricular en otro centro.