La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo del PP seguirá ayudando a los catalanes para que no se vean perjudicados ante el proceso soberanista que impulsa la Generalitat con apoyo de ERC y que, a su juicio, "alienta la división", pretende la "fractura" y genera "incertidumbre" en la sociedad.

   En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha insistido en que la consulta de autodeterminación es "inconstitucional" porque corresponde a todos los españoles, como titulares de la soberanía, "cómo se organiza España y cómo se establece su organización territorial".

  "Sobre un asunto que compete al conjunto del pueblo español, nadie puede entrar más que el conjunto del pueblo español. No es un asunto que este Gobierno o cualquier otro pueda negociar, pueda discutir o pueda transigir. Es algo que no forma parte de nuestra capacidad de disposición o negociación", ha enfatizado.

   Dicho esto, y en línea con lo que dijo ayer Mariano Rajoy, ha indicado que el Ejecutivo seguirá trabajando para "fortalecer los lazos económicos, sociales, políticos y afectivos" de los catalanes y del resto de españoles, y "cumpliendo con sus obligaciones" en Catalunya porque el Gobierno del PP "también es el gobierno de los catalanes".

  "Seguiremos trabajando para que los catalanes, de los que somos gobierno y nos preocupamos por su bienestar, por sus servicios públicos, por sus infraestructuras, se vean lo menos perjudicados posible por un proceso que se pretende iniciar", ha resaltado, para insistir en que deben velar también por "los intereses" de los catalanes.

MÁS DE 800 MILLONES CON EL FLA

   Preguntada por el hecho de que el Estado haya dado más de 800 millones a Catalunya a través del FLA cuando utiliza parte de los recursos públicos a iniciativas como la consulta o el simposio España contra Catalunya, la vicepresidenta ha indicado que hay comunidades que tienen cerrados los mercados y por ello el Ejecutivo está "supliendo" sus necesidades de financiación.

   Según ha añadido, el Ejecutivo del PP por "irresponsabilidades de otros Gobiernos" -en referencia al de Artur Mas-- lo que no va a hacer es "perjudicar" a los ciudadanos catalanes a través de los servicios públicos que reciben o "perjudicar a los proveedores" en Catalunya "porque no les paga la Generalitat para poder mantener sus negocios, farmacias o lo que sean".

   "Este Gobierno tiene una obligación con los ciudadanos y si otras administraciones no cumplen con esos ciudadanos porque sus planes no llevan a que se les abra de nuevo los mercados y confiar en ellos, este Gobierno está para que todos los españoles puedan seguir recibiendo servicios públicos y cobrar las nóminas", ha asegurado, si bien ha señalado que se trata de un "préstamo" que tendrán que devolver en el marco de lo previsto en la Ley de Estabilidad.

   Según ha recalcado, otros Gobiernos como el de Catalunya "podrán gobernar de la manera que estimen oportuna", pero el Ejecutivo de Rajoy "lo que no va a hacer, encima de la división y de la fractura social, perjudicar con peores servicios públicos o sin poder cobrar a quienes tienen derecho a seguir con su vida de la manera más normal".

¿UTILIZAR EL ARTICULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN?

   Al ser preguntada por la posibilidad de utilizar el artículo 155 de la Constitución, que permite suspender la autonomía,  Sáenz de Santamaría se ha limitado a decir que el Gobierno ya ha dejado qué opina sobre esta consulta y ha añadido que no iba a entrar "en hipótesis". Dicho esto, ha apelado al respeto a la ley que deben tener todos, en especial los gobernantes como el presidente de la Generalitat. "Sobre hipótesis no vamos a trabajar. Tienen ya la claridad de nuestra posición", ha abundado.

   La vicepresidenta ha vuelto a rechazar que el Gobierno pueda negociar sobre la consulta. "Si algunos partidos catalanes lo que buscan del Gobierno es que discuta o negocie sobre esa consulta, no nos van a encontrar porque no podemos hacerlo", ha resaltado, para agregar que "no hay nada que discutir ni que negociar".

    Preguntado después si caben opciones de que el Gobierno actúe antes del recurso ante el Tribunal Constitucional o esperará a que se cometa una acción desde el Parlamento catalán, la vicepresidenta ha respondido:  "Según la decisión de cada cuál, este Gobierno obrará como política o jurídicamente considere que es más útil para los intereses generales".