PNV, PSE, Ezker Anitza y los parlamentarios expulsados de Aralar Aintzane Ezenarro, Mikel Basabe y Oxel Erostarbe, han registrado este martes la proposición de ley de creación del Instituto de la memoria, la convivencia y los derechos humanos dirigido a coordinar las políticas públicas que hagan referencia a las víctimas de la guerra civil, la dictadura franquista, el terrorismo, así como de "otros sufrimientos injustos padecidos en un contexto de violencia de motivación política".  

  En rueda de prensa celebrada en la Cámara vasca, los grupos han presentado la proposición de ley para crear un instituto que suponga "dar un paso definitivo en la convivencia de Euskadi" aunando  "memoria, convivencia y defensa y promoción de los derechos humanos". La iniciativa no cuenta con el apoyo de PP, EA y UPyD.  

  El texto propone la creación del instituto como organismo autónomo de carácter administrativo, integrado en la Administración institucional del País vasco, dotado de personalidad jurídica propia y con plena capacidad de obrar. Sin embargo, no se determina a qué departamento del Gobierno vasco se adscribirá.  

   Este organismo desarrollará la política pública que garantice y promocione la memoria en el progreso y desarrollo de la convivencia democrática, y en la defensa y promoción de los Derechos Humanos. De esta forma, participará en el diseño, promoción, desarrollo y ejecución de la política pública relativa a los valores éticos y los principios democráticos que sean sustanciales a la memoria de la lucha por la libertad, la garantía de los derechos humanos y la convivencia democrática de la sociedad vasca.

   Además, en su exposición de motivos se afirma que en los últimos cien años la sociedad vasca "ha sufrido, al menos, tres experiencias traumáticas marcadas por la violencia: la Guerra Civil, la dictadura franquista y la lacra del terrorismo, además deotros sufrimientos injustos padecidos en un contexto de violencia de motivación política que ha condicionado el desarrollo de la sociedad vasca durante los últimos cuarenta años".

   Por otro lado, se establece que la sede se ubique en el País Vasco, aunque promoverá su presencia física en otras localidades vascas y del resto del Estado que "por circunstancias históricas, resulten de una simbología especial" respecto a la finalidad del instituto.   

 Contará con un presidente, que será designado por el Gobierno vasco, y un Consejo de Dirección  formado por catorce miembros designados por el ejecutivo vasco, cuatro parlamentarios, tres representantes de las diputaciones forales, tres representantes de municipios vascos y tres miembros independientes  "de reconocido prestigio" en la promoción de la memoria y en la defensa de las libertades cívicas y de los principios de convivencia democrática.  

 GRUPOS PROPONENTES   

 En la rueda de prensa, el parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha resaltado que esta proposición de ley es "fruto de meses de trabajo en común" de los diferentes partidos y grupos parlamentarios y ha apostado por "avanzar desde el acuerdo, construyendo bases sólidas que no permitan retrocesos para construir un futuro en paz pero basado en la memoria".   

 "Se trata de mirar hacia el futuro pero sin echar un manto de silencio sobre lo sucedido, sobre las violaciones de derechos humanos, las experiencias traumáticas de violencia que ha vivido este pueblo y establecer a al memoria como garantía y vacuna de no repetición", ha insistido.  

  Iturrate ha resaltado que el instituto abordará el trabajo desde una perspectiva "inclusiva" que denuncia "todas las violaciones de derechos humanos cometidas y vividas en este país en los últimos 40 o 50 años y reconoce el sufrimiento de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos". Asimismo, respecto a los apoyos que tiene este instituto, Iturrate ha aclarado que no han recibido un rechazo "frontal" a la tramitación de la ley, aunque ha señalado que no se ocultan las diferencias de PP y de "otros extremos del arco parlamentario".    

 "Vamos a seguir trabajando para elaborar el suelo más sólido posible", ha indicado antes de subrayar el compromiso de los firmantes de que se apruebe "en esta legislatura".

   En este sentido, desde el PSE, Mikel Unzalu ha subrayado el consenso "importante" con el que este instituto inicia su trámite parlamentario y ha expresado su deseo de que este consenso se "amplíe", ya que tiene como objetivo "defender el patrimonio democrático de los vascos" y ser "un instrumento donde queden salvaguardados los principios de pluralidad, reconocimiento del otro y de convivencia, así como el reconocimiento de la vulneración de derechos humanos y el sufrimiento injusto, impulsando los valores éticos y democráticos".

   Unzalu ha subrayado que en el proceso de tramitación parlamentaria "sería importante que se incorporaran otros grupos", en concreto ha hecho referencia al PP, y se ha mostrado dispuesto a superar las actuales "reticencias" durante ese trámite. "la voluntad es seguir trabajado en el consenso y en esa vía, e incorporar a todos los grupos parlamentarios para que pueda ser aprobado por unanimidad; mantenemos el criterio de diálogo", ha insistido.  

  Respecto a los plazos, ha afirmado que "queda legislatura suficiente para que la iniciativa se apruebe" aunque en este periodo de sesiones "va a ser un poco difícil". "Tenemos tiempo suficiente para superar este trámite y para que se incorporen todo los que ahora no están en este consenso", ha indicado.  

  La parlamentaria Aintzane Ezenarro, en representación también de sus compañeros Basabe y Erostarbe, ha resaltado que este supone un "paso importante" en materia de derechos humanos, y ha señalado que tras un recorrido "largo" con el desarrollo de diferentes políticas en materia de victimas y de reconocimiento de las diferentes violencias, "finalmente hoy empezamos a cerrar el ciclo", ya que el instituto aborda "todos los sufrimientos padecidos desde la guerra civil desde una única perspectiva, no para equipararlas sino para que todas ellas sean tenidas en cuenta".

    El parlamentario de Ezker Anitza, Mikel Arana, por su parte, ha resaltado que el instituto parte de un principio como es la "injusticia de todas las violencias que ha sufrido Euskadi en el ultimo siglo" y que en el reconocimiento de la misma se reconocen la guerra civil y la dictadura franquista "los grandes olvidados de la transición española".  

  Finalmente, el comisionado del lehendakari para la Paz y la Convivencia, Jesús Loza, ha expresado su "satisfacción" por el trabajo "conjunto" de este texto elaborado  de forma conjunta entre el Gobierno vasco y los grupos parlamentarios. Además, ha resaltado que  el instituto coordinará con otros organismos públicos las actuaciones públicas en materia de derechos humanos y convivencia, y ha resaltado un futuro trabajo con el Memorial de las Víctimas del Terrorismo aprobado por las Cortes.