El PSOE propone que la reforma constitucional que está promoviendo incluya también una regulación "de manera acabada" de las competencias locales, para mantener la cercanía en la prestación de los servicios e incluir una financiación propia de los ayuntamientos en la Carta Magna, que contemple su participación en los ingresos de las CCAA.

    Y en este nuevo modelo de financiación local que plantea, apuesta, entre otras medidas, por la supresión de muchas exenciones y bonificaciones fiscales locales, entre otras, las que se conceden a los bienes y actividades de entidades religiosas. Además, dejan constancia de que es un exceso mantener cinco niveles de administración.

   Así consta en el documento al que ha tenido acceso Europa Press, titulado "La modernización del Gobierno y la administración local, garantía de cohesión social. El modelo de Administración local del PSOE", que ayer aprobaron los barones socialistas, convocados por Alfredo Pérez Rubalcaba, en el Consejo Territorial del PSOE que tuvo lugar en Granada. En este documento se apuesta por que los ayuntamientos sigan manteniendo la prestación de servicios, al ser la administración más cercana al ciudadano, y que para ello tengan aseguradas sus competencias y no estén al albur de los recortes que plantee el Gobierno de turno, en este caso, los que ha propuesto en PP en la reforma de la Administración Local.

   Los socialistas, que han planteado una reforma constitucional en sentido federal, quieren aprovechar la citada reforma para que se regule "de forma acabada la autonomía local como un pilar en la articulación territorial del Estado" y que se prevea en esa reforma, que el desarrollo del régimen local se haga a través de Ley Orgánica.

   En opinión del PSOE, el precepto que se incluya en la Constitución debería reflejar un contenido similar al del artículo 147 de la Constitución para los estatutos de autonomía. Es decir, incluir las competencias propias, ajustadas a lo que los ciudadanos piden a sus ayuntamientos y una financiación incondicionada. Porque no entienden que otras instituciones como el defensor del Pueblo, la Universidad o el CGPJ sí se regulen por ley orgánica y los ayuntamientos "no lo merezcan".

   En cuanto a la financiación local propia, propugnan el "pleno desarrollo constitucional" que prevé la participación de los entes locales en los ingresos de las CCAA. Todo ello dentro del planteamiento de definir de manera simultánea la financiación local y la autonómica y estatal para que cada uno de los niveles de administración disponga de los recursos suficientes para ejercer sus competencias, al considerar que la autonomía local se ha deteriorado por depender de una financiación condiciona, instrumentada a través de subvenciones.

    En este sentido, creen que condicionar el acceso a determinada financiación autonómica "minora en muchos casos la capacidad de decisión sobre el ejercicio de competencias propias de las entidades locales".

    Por ello, consideran que la financiación local tiene que "preservar la capacidad normativa de las entidades locales para regular tanto sus propios ingresos como la forma en la que decide facilitar el acceso a los bienes y servicios de su competencia".

   Entre las novedades que incluye el texto para la financiación local están reducir "al máximo" los beneficios, exenciones y bonificaciones y uno de los ejemplos que ponen y que prevén suprimir son las exenciones de que disfrutan los bienes y actividades desarrolladas por determinadas entidades y confesiones religiosas.

   También proponen crear una "factura fiscal local integrada anual", en la que aparezcan reflejados todos los tributos municipales y permitir fórmulas de pago a cuenta mensual a los vecinos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el ayuntamiento.

 ACTUALIZAR BASES IMPONIBLES Y SUPRIMIR IMPUESTOS QUE GRAVAN ACTIVIDADES  

  Además, en materia de impuestos, el PSOE propone redefinir los impuestos propios. Así, señala que, en el impuesto sobre la propiedad, se deben definir bases imponibles tan actualizadas como sea posible y pone como ejemplo que "carece de sentido tomar como referencia para el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica la potencia, cuando se dispone de tablas actualizadas oficiales del valor del mercado de los automóviles". En este sentido, destacan la "rápida" actualización que se hace de los valores catastrales por la evolución del mercado.