Así lo plantea el juez en un auto, adelantado por el Confidencial y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se confirma la personación en la causa de la Abogacía del Estado. Responde a la defensa de Josep María Jove, el que fuera número 2 del exvicepresidente del la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras en la cartera de Economía, quien cuestionaba la falta de legitimidad de los Servicios Jurídicos del Estado en este procedimiento.

El auto tiene fecha de 20 de enero y en él se detalla que la Comunidad Autónoma de Cataluña recibió 6.664,8 millones de euros en año 2012, a los que siguieron 10.050,6 millones en 2013, 7.912,9 en 2014, 11.133,58 en 2015, 10.090,66 millones en 2016 y 7.757,2 millones de euros el año pasado.

De forma contundente, el juez afirma que estas cantidades constituyen una parte importante de los ingresos anuales de la Generalitat y que, con el objetivo de celebrar el referéndum del 1-O y a ante la imposibilidad de poder atribuir un gasto concreto a una determinada partida es por lo que dichos gastos fueron imputados al FLA percibido en el año 2017.

POSIBLES PERSONAS O ENTIDADES INTERPUESTAS

Así, si dicho pago se realizó tanto directamente por la Generalitat como `por personas o entidades interpuestas, se hizo "con la finalidad de desviar el rastro de las partidas" dificultando así la investigación. Insiste el juez en que "todo o parte" de los pagos se realizados a cargo de los créditos del FLA, cuya finalidad era otra.

La resolución, de 3 páginas, rechaza este argumento de la defensa de Jové y recuerda que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es una línea de financiación creada por el Gobierno en julio de 2012, en el contexto de la crisis económica, y está concebido para que el Estado preste dinero a las comunidades autónomas y éstas no tengan que financiar su deuda en los mercados pagando unos altos intereses.

El FLA está controlado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Economía, y obliga a las autonomías que se benefician de estos fondos a pagar su deuda con los bancos o entidades financieras.

Todos estos argumentos, a juicio del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, "justifican sobradamente "el interés del Estado en la malversación, ya que el Tribunal Constitucional prohibió expresamente utilizar dinero público para financiar la consulta ilegal. El delito que se investiga en este caso es el de malversación de caudales públicos.

El fiscal general del Estado afirma que la

euroorden contra Puigdemont "se puede

reactivar"

El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha reconocido que la Fiscalía era "partidaria" de reactivar la euroorden contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y que en estos momentos "se puede reactivar".

"La Fiscalía era partidaria y no voy a decir más, pero jurídicamente la Fiscalía es quien pide la reactivación y el juez es el que autoriza o no la reactivación", ha dicho. Y, ante la pregunta de si lo va a pedir de nuevo, aunque ha dicho que "se puede reactivar", ha evitado hacer nuevas declaraciones y solamente ha contestado: "No voy a decir más".

Y, en cuanto a la posibilidad de que el Tribunal Supremo puede inhabilitar a la cúpula del 'procés' antes de que haya jucio, sobre lo que también le han preguntado los medios, ha insistido: "No voy a decir nada sobre eso".

Así lo ha señalado al entrar en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, donde ha asistido para clausurar los Cursos de Especialización en Derecho que organiza la fundación de la institución académica salmantina y de los que ha dicho que son "muy interesantes".

Antes de intervenir, Julián Sánchez Melgar ha manifestado estar "encantado" de estar en la Universidad de Salamanca y sentir "honor" por la intervención en la clausura de la presente edición, dentro del edificio histórico de una institución a la que ha rendido "homenaje" en sus palabras del discurso.

Además del fiscal general del Estado, a la jornada de clausura han asistido el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero; el director de la Fundación General, Óscar González Benito; el decano de la Facultad de Derecho, Fernando Carbajo; el coordinador de los Cursos de Especialización en Derecho, Lorenzo Bujosa Vadell; y el ponente Santiago Muñoz Machado, encargado de la conferencia de clausura 'Diccionario panhispánico de términos jurídicos'.

Además, durante la sesión, la organización ha entregado placas de reconocimiento a los cinco participantes de los cursos que han asistido a los ellos por cuarta vez, en reconocimiento a su "fidelidad".