El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado ampliar seis meses más la investigación sobre la quiebra del Banco Popular por "el carácter extraordinariamente complejo de los hechos" y por las diligencias que aún quedan pendientes de practicar.

En un auto de 13 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha explicado que es "absolutamente lógico y razonable" prorrogar el plazo de investigación que vencía el pasado sábado porque los resultados que arrojen las diligencias pendientes puede ser necesario para acordar otras nuevas.

En este sentido, el magistrado instructor ha recordado que aún están a la espera de ratificación de dos informes periciales presentados por los peritos del Banco de España; uno relativo al denominado entramado Thesan y otro relacionado con la corrección de las valoraciones de los activos adjudicados al Banco Popular y los que se dieron en garantía de operaciones en activo, por su impacto en las provisiones.

Asimismo, Calama ha puntualizado que aún resta por finalizar la investigación sobre la posible financiación a clientes que participaron en la ampliación de capital del Popular en 2016. Y ha destacado la batería de declaraciones que están pendientes en agenda.

DECLARACIONES PENDIENTES

En concreto, el magistrado ha hecho referencia a los interrogatorios de los inspectores de los supervisores bancarios (Banco de España y Banco Central Europeo) previstos para el 24 de febrero y el 3 de marzo en aras de "esclarecer aspectos relevantes relacionados con una probable infradotación de provisiones en el balance" de la entidad.

El juez considera que la declaración de Manuel Caro resulta clave en tanto que fue jefe del equipo de inspección continuada que supervisó el Banco Popular, entre noviembre de 2013 y el 3 de noviembre de 2014 desde el Banco de España. Posteriormente, una vez que la supervisión de la entidad pasó a ser dirigida por el BCE a partir del 4 de noviembre de 2014, Caro ocupó el cargo de subcoordinador del equipo de inspección continuada.

"Por tanto, su testimonio puede ayudar a esclarecer ciertas cuestiones que están siendo objeto de investigación en la presente causa, tales como la existencia de un déficit oculto de provisiones en la cartera de créditos refinanciados, la operativa del denominado entramado de THESAN, así como una política de tasaciones inadecuada, especialmente en crédito promotor, con incidencia igualmente en las provisiones. Obviamente, el señor Caro nos podrá aportar datos sobre la gobernanza del Banco Popular en materia de riesgo de crédito", justificaba el magistrado en el auto de su citación.

En cuanto a la de Jesús Fernando Martínez Usano, Calama apunta que habría sido el jefe de equipo en dos misiones que se realizaron desde el BCE, y que tenían como objetivo verificar la correcta clasificación contable y la dotación de provisiones de una muestra de 100 prestatarios reestructurados o refinanciados seleccionados con un criterio determinado así como la correcta clasificación contable una cartera de activos adjudicados en pago de deudas.

Ambas citaciones tienen lugar después de que, el pasado diciembre, Calama tomase declaración a otros dos coordinadores del equipo que supervisaba a la entidad en el organismo europeo, Ignacio Pardo y Carlos Giorgis, que constataron que la entidad tenía problemas estructurales que venían de mucho antes del proceso que llevó a su resolución y que fecharon en 2008, tras el estallido de la crisis económica.

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA AL SANTANDER

A la lista de pendientes se suma la documentación solicitada al Banco Santander que el juez ha calificado de "indudable valor para el esclarecimiento de los hechos". Según ha precisado, "solo después de su estudio es posible determinar y concretar las diligencias necesarias que de ella puedan derivar, ya se trate de ampliar las periciales acordadas, de aportar nuevos documentos que la complementen o de recabar el testimonio de las personas que hayan intervenido en los hechos investigados".

Además, queda en agenda la declaración como investigado del que fuera director de los servicios jurídicos del Banco Popular, Tomás Pereira, una diligencia que está admitida pero pendiente de ser ejecutada.

En este procedimiento, el juez investiga dos fases del proceso de resolución de la entidad, una que abarca las presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital, y otra que atañe a las filtraciones a prensa de un año después y que habrían provocado su resolución a mediados de 2017 y la compra de la entidad por la simbólica cantidad de un euro por el Santander.

La decisión del magistrado coincide con el criterio del fiscal de Anticorrupción Antonio Romeral, que pedía la prórroga hasta el 29 de julio de 2022 de la causa que nació en 2017.