El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto una fianza pecuniaria de 16 millones de euros para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y otra de tres millones para el de esta entidad y Bankia Rodrigo Rato en relación con los gastos que los exconsejeros de la caja madrileña realizaron "de forma presuntamente ilícita" al hacer uso de sus 'tarjetas B', informaron fuentes jurídicas.

El magistrado, que investiga las 'tarjetas B' en una pieza separada del 'caso Bankia', ha notificado dos autos tras las declaraciones de los imputados en los que les da un plazo de tres días para abonar estas fianzas y les advierte de que, si no aseguran ante el juzgado bienes por esta cuantía, serán embargados.

Las fianzas, que han sido impuestas a petición de la Fiscalía Anticorrupción y con la adhesión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), principal accionista de Bankia, incluyen tanto la responsabilidad civil que Blesa y Rato tendrían que afrontar en el caso de ser condenados por el uso de las 'tarjetas B' como la multa del 25 por ciento que establece la ley.

Según fuentes jurídicas, los consejeros de Caja Madrid gastaron con sus tarjetas opacas durante el mandato de Miguel Blesa (de 1996 a enero 2010) un total de 12,5 millones, mientras que durante la presidencia de Rato en la caja madrileña (entre enero de 2010 y diciembre de 2011) cargaron un total de 2,6 millones de euros.

ADMINISTRACIÓN DESLEAL

El juez señala en sus autos, según las citadas fuentes, que la conducta de los dos expresidentes podría tipificarse indiciariamente como un delito continuado de administración desleal sin perjuicio de que con posterioridad pudiera añadirse el de apropiación indebida.

El delito de administración desleal por el que se imponen las fianzas, según recuerda el magistrado en sus resoluciones, "sanciona a administradores de una sociedad que realicen conductas causantes de un perjuicio con abuso de las funciones propias de su cargo".

La petición del fiscal Alejandro Luzón acordada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 tiene el objetivo de que los dos exdirectivos aseguren la responsabilidad civil y la multa que se les pueda imponer en un juicio oral. No se trata, por tanto, de una medida cautelar para evitar su ingreso en prisión.