En un auto dado a conocer este lunes, el magistrado afirma que la intervención no se justifica para prevenir la continuidad delictiva puesto que la actual administración de Bankia "es completamente distinta a la que se encontraba al frente de la entidad cuando se cometieron los hechos objeto de la investigación".

   Añade que Bankia es, de facto, una entidad intervenida por el Estado a través de una entidad de derecho público como es el Fondo de Ordenación y Reestructuración Bancaria (FROB).  

  La sustitución de los administradores actuales de Bankia y su matriz Banco Financiero de Ahorros (BFA), miembro del servicio jurídico de la entidad desde mayo de 2002, se debería acordar sólo si es adecuada para superar una situación de peligro y es "estrictamente necesaria" para impedir la continuidad de la actuación delictiva, circunstancias que no concurren en el presente caso, según el juez.

   Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 explica en su auto que el único fin legítimo que pudiera justificar la medida solicitada sería el de evitar la continuidad delictiva, en protección de los trabajadores y de los acreedores.

  En este sentido, pone de relieve una "circunstancia de enorme trascendencia", como es que ninguna de las personas físicas querelladas se encuentre en la actualidad en puestos directivos de la entidad. Por ello, remarca que "difícílmente" puede entenderse que exista peligro de que la mercantil puede seguir cometiendo los hechos denunciados y añade que el grupo ya se encuentra intervenido por el Estado.

   Sostiene que no corresponde al Juzgado realizar actuaciones dirigidas al control de la situación financiera de Bankia, generar confianza en los mercados o llevar a su gestión factores de transparencia destinados a conocer el estado real de la sociedad.    Le compete, añade, investigar "con toda la profunidad, rigor y detalle que sea posible", determinar la relevancia penal de los hechos denunciados, identificar a los supuestos responsables y, en la medida de lo posible, proteger a los perjudicados que pudiera haber.

   Para ello, utilizará todos los instrumentos jurídicos y legales pertinentes, entre los que no se encuentra, "ni es adecuado al no responder al cumplimiento de los fines para los que se creó", el de la intervención judicial de Bankia y BFA. El auto, que no es firme, es susceptible de recurso de apelación ante la Sala de la Audiencia Nacional.

 EL FISCAL CONSIDERA TEMERARIA LA MEDIDA

  El juez Andreu se alínea así con la posición de la Fiscalía Anticorrupción, que se opuso el pasado miércoles al advertir de que esta medida "temeraria" pondría en riesgo a la economía nacional. El Ministerio Público defendió, además, que ninguno de los dos querellantes gozaba de legitimidad para pedir una medida de este tipo.

   La medida había sido solicitada por UPyD y 15-M que defendían que la sustitución de los actuales gestores del banco evitaría nuevos riesgos para los accionistas, acreedores y trabajadores y la continuación del perjuicio para los afectados. Ponían también de manifiesto que la intervención eliminaría el peligro de destrucción de pruebas.

  Los querellantes denunciaban la falsedad de los ratios de solvencia, los recursos y los resultados empresariales presentados por la entidad, que pasó de anunciar 320 millones de beneficios a anunciar unas pérdidas de 4.369 millones de euros.

   Mientras que UPyD afirmaba que el control político en las cajas integrantes del Grupo Bankia llevaron a la "penosa situación" de la entidad, el movimiento 15-M entendió que la intervención judicial evitaría "un colapso de los mercados" y denunció las "colosales" irregularidades detectadas en la administración.

  "Si no se produce dicha intervención, puede que sea demasiado tarde para arrepentirnos", añadía la querella en representación de 15 accionistas de Bankia, que entendían  que la medida generaría confianza a los acreedores.

   Andreu instruye, por el momento, dos querellas admitidas a trámite contra Bankia y el BFA y 33 exconsejeros, entre ellos el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de Bancaja y Banco de Valencia José Luis Olivas, el exministro del Interior Ángel Acebes o el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo Fernández.

   También se imputan delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida al exconsejero delegado de la entidad Francisco Verdú, al expresidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio José Manuel Fernández Norniella, al expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, al exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada y a la exconcejal de Madrid Mercedes de la Merced.

   Están, además, imputados representantes del PSOE, como el exdiputado madrileño Jorge Gómez o el exconcejal de la capital José María de la Riva; de Izquierda Unida (IU), como José Antonio Moral Santín; o de CC.OO., como Francisco Baquero y Pedro Bedia.

   El resto de imputados en la causa son Carmen Cavero, Alberto Ibáñez, Javier López Madrid, Juan Llopart, Araceli Mora, Francisco Juan Ros García, José Manuel Serra, Milano Soto, Francisco Pons, Luis Blasco, Rafael Ferrando, José Rafael García-Fuster, Agustín González, Remigio Pellicer, Estanislao Rodríguez-Ponga, Mercedes Rojo-Izquierdo, José Manuel Suárez del Toro y Ángel Villanueva.