Y, más allá, los beneficios que se tienen para quien se queda la custodia, como es la vivienda familiar, una pensión o una cierta autoridad sobre el otro en la toma de decisiones.

   Para Campo Izquierdo, esto se arreglaría en parte con cambios en la Ley de Divorcio. También ha apuntado que los casos de secuestro de hijos por parte de uno de los progenitores divorciados son "inevitables", aunque también ha matizado que se da "uno entre un millón" y tiene que ver con ese sentido de propiedad.  

  En cuanto a la propuesta del Foro de la Familia de quitar la actual Ley del Divorcio tal como está planteada, ha apuntado que no hay que suprimirla, aunque se de puede mejorar. "Igual que hay libertad para casarse, tiene que haber plena libertad para dejar de vivir juntos, ha indicado, antes de añadir que iríamos mal si se mezclan cuestiones legales con morales.  

  Ha reconocido, no obstante, que hay que educar más en valores y hacer las cosas más despacio, en lugar de regular como se está haciendo "como una máquina de hacer chorizos", sacando leyes y volviendo a reformarlas a los dos meses o al año, continuamente.   

 Dicho esto, ha señalado que debería de adaptarse "un poco más" las consecuencias del cese de convivencia. A su juicio, deben introducirse mejoras en los procesos de divorcio, aumentarse los casos de mediación y establecerse, como ya se hace en la zona del Levante, la separación de bienes a la hora de casarse.  

  Sobre esto último, ha opinado que el sistema de separación de bienes es "el más justo", e incluso otro, denominado de "participación", que es totalmente desconocido por la gente, el cual implica que cada uno es propietario de lo que tiene al iniciarse el matrimonio y lo único que se reparte en caso de divorcio son las ganancias obtenidas.  

  "Sí hay que hacer cambios importantes y el legislador debería de tener en cuenta más la realidad social", ha manifestado a lo que ha añadido que todas las reformas legislativas deberían de tener en cuenta todos los colectivos afectados. De hecho, ha apuntado que existe la sensación de que se está legislando para pequeños sectores de población y no para toda la sociedad.  

  En el caso de quién se queda la vivienda, ha señalado que desde la judicatura están "forzando" para que el legislador, o en su caso el Tribunal Supremo, permita a los jueces una interpretación más ajustada a la realidad social de hoy día del artículo 96.   

 Para el magistrado, tal como está la economía y el acceso a la vivienda, no se puede atribuir el uso de esta de manera indefinida a uno de los cónyuges y que el otro tenga que salir y tenga que seguir pagando la hipoteca de una vivienda que no va a utilizar en 18 años y además tener que pagarse un alquiler.   

 Lo que se quiere, según él, es que, al igual que se hace ya en Cataluña o Aragón, por ejemplo, esa atribución del uso de la vivienda se haga solo de cara a proteger el derecho de habitación del niño, pero no a un inmueble concreto. Si los padres se separan, tienen que garantizar que el niño tenga una vivienda adecuada, tanto cuando está con el padre como con la madre.

   Ha añadido que, la mayor parte de las veces, lo que se hace es que la vivienda "digna" la tenga la madre, mientras que el padre tiene o bien volver a casa de sus padres, compartir piso o alquiler una habitación en una pensión, lo que impide que pueda llevar con normalidad las comunicaciones o estancias de los menores durante el régimen de visitas.  

  Según él, el Tribunal Supremo ha dictado en este año sentencias "contradictorias y poco claras" respecto al uso de la vivienda. A esto ha sumado que en España se están dando diferencias legislativas entre las comunidades autónomas, lo que está rompiendo el principio de igualdad de los españoles ante la Ley.

   Esto hace que el divorciarse sea diferente en función de la autonomía en la que se haga, y, en consecuencia, "los niños no tienen los mismos derechos". "Eso es muy peligroso", ha alertado antes de instar al Estado a que haga una reforma legal igual para todo el país.

   Respecto a la mediación en casos de divorcio, ha señalado que en Asturias está costando "mucho" implantarla, al contrario de otras comunidades donde funciona muy bien. Ha dejado claro que no quiere decir que no intervengan abogados y que se quiera evitar el juicio, sino que es una herramienta más para permitir una solución más satisfactoria para todos los implicados "en menos tiempo y con menos coste".  

  "La mediación, sin abogados no funciona", ha reiterado antes de indicar que si no está calando en la región, es porque no se quiere conocer realmente en que consiste. Sin embargo, cuando la gente conoce la mediación y el papel que juega cada uno, se da cuenta que es una herramienta más y que hay que utilizarla. Es por ello, que ha apostado por hacer campañas de difusión, aunque ha reconocido que está por medio el tema económico.  

  En cuanto a los Puntos de Encuentro Familiar, ha apuntado que existen en Oviedo, Gijón, Avilés y en Navia, aunque se estaba planteando uno en Cangas de Onís. Ha resaltado su función, pero ha indicado que tienen su coste, entre 60.000 y 80.000 euros por cada uno. Pese a esto, ha asegurado que no es tanto dinero, que se sufraga entre distintas administraciones.