Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del PP, después de que Castro haya emitido dos providencias para imputar a Flaquer y para citar también como imputado el 19 de noviembre al ex-secretario del Ibatur Miguel Ángel Bonet.

  Asimismo, el 17 de noviembre el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma interrogará, también como imputado, al director de la empresa de publicidad Nimbus, Miguel Romero.

   Flaquer ya compareció ante el juez el pasado 18 de febrero, en calidad de testigo, y en su declaración, reconoció que no realizó un "detenido examen" del convenio de patrocinio que firmó en 2007 por valor de 350.000 euros a favor de la empresa de publicidad Nimbus, investigada en la causa por una presunta financiación irregular del PP a través de esta agencia, "convencido de estar suscribiendo un patrocinio como tantos otros".  

  Flaquer aseveró, sin embargo, que en el momento de autorizar este pago "era consciente de que asumía toda la responsabilidad" sobre este patrocinio, dirigido a publicitar el Mundial de Ciclismo en Pista celebrado en el velódromo palmesano del 29 de marzo al 1 de abril del 2007, una vez finalizada su construcción.

   Flaquer fue inquirido en varias ocasiones acerca de la celeridad con la fue aprobado el gasto -cuatro días con un fin de semana en medio-, y en este sentido recalcó que "es usual en estos casos que al inicio del expediente le precedan unas conversaciones", en esta ocasión entre el ex gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Raimundo Alabern, y el director de Nimbus, Miquel Romero, "en las que se perfilen las condiciones y cuantía del patrocinio". A su entender, éstas pudieron culminar diciendo Alabern a Romero que presentase su solicitud.  

  En una comparecencia centrada en su mayor parte en la articulación de este convenio, el juez preguntó al parlamentario del PP si es normal que tras una petición cursada el viernes por Nimbus, al lunes le sea comunicada la concesión, cuando aún no había sido dictada ninguna resolución al respecto. El ex portavoz del Govern afirmó que cuando firmó la resolución "desconocía esa comunicación" a la empresa de publicidad.

   "El no haber patrocinado ese evento hubiera sido imperdonable para la Consejería" por sus beneficios para la imagen turística de las islas, enfatizó Flaquer, quien incidió en que, en consecuencia, "se valoró la decisión, los informes, y se aprobó".

MATAS PLANTEÓ LA "CONVENIENCIA" DE CONSTRUIR EL VELÓDROMO   

Mientras tanto, en relación a las obras de construcción del Palma Arena, investigada por un presunto desvío de fondos públicos a fines particulares tras registrar un desfase de unos 50 millones de euros durante la ejecución, Flaquer recordó que fue el ex presidente del Govern, Jaume Matas, imputado en este caso, quien planteó en un Consell de Govern la "conveniencia" de construir un velódromo al haber sido adjudicada a Palma la organización del mundial de ciclismo.

   Sin embargo, a preguntas del fiscal manifestó no recordar que el entonces jefe del Ejecutivo ofreciese datos "muy concretos" sobre la construcción, cuyo sobrecoste, precisamente, está siendo investigado en conexión con el incremento supuestamente ilícito del patrimonio de Matas, ya que éste pudo ser "uno de los principales destinos" de la cantidad desviada, según postula el juez en un auto emitido a principios de febrero.

   Flaquer recordó asimismo que durante la ejecución de la considerada infraestructura estrella del PP en la pasada legislatura, ocupaba el cargo de patrono de la Fundació Illesport -a través de la cual el Govern participaba en la gestión del proyecto, junto al Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma-, aunque negó haber asistido a las reuniones de este órgano y que le convocasen a una de ellas. De hecho, aseveró no haber visto nunca un orden del día de los encuentros.

   El principal imputado en el caso Palma Arena, dividido en 25 piezas, es el ex-presidente del Govern, Jaume Matas, quien se encuentra en libertad bajo fianza de 3 millones de euros, después de que el juez Castro le interrogara entre los pasados días 23 y 26 de marzo.   

Así, decretó la misma petición que hizo la fiscalía, que imputa al ex-presidente los delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, cohecho, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, según el Código Penal.

LA SEGUNDA IMPUTACIÓN DE FLAQUER

   Cabe recordar que el ex-consejero de Turismo y ex-portavoz del Govern de Jaume Matas se encuentra imputado en otro caso que investiga el presunto desvío de fondos públicos a raíz de la cesión de la torre de Sant Elm, en Andratx, por parte de la Fundació Illes Balears al Ayuntamiento andritxol a cambio de 45.000 euros semestrales, parte de cuyo destino se desconoce.

   Así, Flaquer compareció el pasado 27 de septiembre ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7, Antoni Garcías, y negó haber cometido delito alguno a raíz de la firma de un convenio por el que el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) acordó el pago de 30.000 euros al Ayuntamiento de Andratx para el fomento del turismo cultural en el municipio andritxol, en marzo de 2006. Es más,  aseveró que el Consistorio no justificó entonces el destino de los 15.000 euros aportados inicialmente e incluso no lo hizo cuando el Inestur se lo reclamó en dos ocasiones.

   Durante su declaración, explicó que únicamente intervino en este proceso al principio y cuando rubricó el documento, aunque principalmente hizo hincapié en que el Inestur, dependiente de la Consejería de Turismo, sólo realizó un pago inicial de 15.000 euros ya que, al no ser justificados, la empresa decidió no aportar la segunda de las partidas -por la misma cantidad-, establecida en el convenio una vez que la Administración municipal comunicase en qué se había invertido la primera.