Así, Rotger ha sido imputado en esta causa, que investiga una supuesta financiación ilegal del PP, después de que Torres apuntara en su declaración como imputado ante el juez Castro que fue su antecesor en el cargo y actual presidente del Parlament, quien encargó a la empresa Over Marketing la realización de unas encuestas sobre la calidad de vida en el municipio mallorquín, contratación presuntamente amañada por la que la mercantil acabó percibiendo 20.300 euros (17.500 sin IVA).

   Durante su comparecencia ante el magistrado y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, Torres justificó que firmó el pago a Over puesto que el concejal que debía encargarse de este asunto "estaba enfermo" y, además, vio que el proyecto "estaba bien hecho".

   El primer edil manifestó, sin embargo, conocer otros pormenores como el hecho de que fuesen invitadas al negociado otras dos empresas, una de ellas, según los investigadores, vinculada al Grupo Over y la otra, Cent & Ment, que presentó un presupuesto superior a la cantidad legalmente permitida para concurrir a este tipo de procedimientos. 

    En relación con esta contratación, un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso Over y al que tuvo acceso Europa Press, revela cómo el expediente "adolece de todo rigor" al haber sido cursado como un contrato menor cuando la cantidad que le fue abonada ascendía a más de 20.000. El Instituto Armado incide así en la forma como fue supuestamente maquillada la contratación para darle forma de negociado en el que concurrieron otras empresas.  

  Es más, el informe hace constar que "sería difícil desvincular de un Consistorio relativamente mediano y con un presupuesto no excesivamente alto del conocimiento del alcalde-presidente Pere Rotger el contenido y aprobación [del contrato] a Over". Asimismo, destaca el hecho de que no se opusieran a la aprobación de la factura, elevada a la Junta de Gobierno por el entonces teniente de alcalde Rafel Torres, ni la interventora municipal ni el asesor jurídico.

 LA GUARDIA CIVIL PIDE LA DECLARACIÓN DE ROTGER

   El Instituto Armado, ante la existencia de posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, considera así la necesidad de que se tome declaración a Rotger, entre otros intervinientes en la contratación, para dirimir sus posibles responsabilidades y esclarecer el alcance de la adjudicación.

   Por otro lado, Torres ha sido inquirido en torno a un taller de portavocía que fue adjudicado a Over y que, según la Guardia Civil, fue incluido en el presupuesto de las encuestas. De hecho, el Instituto Armado hace referencia a un documento incautado que rezaba "Esta ficha no se facturará, el importe se irá incluyendo por partes en otros presupuestos de otros proyectos".  

  Al respecto, el alcalde ha recordado que Over propuso al Ayuntamiento la realización de 18 talleres de portavocía, durante tres años, por unos 300.000 euros, para lo cual la empresa les ofreció la posibilidad de ver una muestra de lo que sería el proyecto, acudiendo a la misma el propio Torres y su jefe de prensa. Según ha expuesto, el Ayuntamiento rechazó finalmente la propuesta al cabo de varios días.  

  Un escrito de la Fiscalía señala que el precio del servicio por la realización de las encuestas estaba "notablemente hinchado" al haber subcontratado Over al Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Baleares (IBES), al que abonó 9.800 euros cuando del Consistorio de Inca Over Marketing recibió por este servicio un total de 20.300 euros.