En un auto notificado este martes, el juez señala que la situación en la línea ferroviaria Orense-Santiago es la misma que cuando en diciembre de 2011 entró en servicio, con lo que hace "extensible el reproche" a quienes ocupaban cargos en Adif en aquella época por "permitir la circulación de trenes por un tramo de línea carente de las medidas de seguridad suficientes para mantener el peligro para la vida e integridad de sus usuarios dentro de los límites tolerados por el ordenamiento jurídico".

   Luiz Aláez entiende que es a partir de abrirse la vía a la circulación, "sin aparentemente las medidas de seguridad necesarias", cuando es exigible la responsabilidad penal de quienes permitieron la circulación de trenes en esas condiciones, por lo que demanda a Adif que facilite diversas identidades para llamarlos a declarar "en calidad de imputados". Al respecto, apunta a la misma figura de "delito imprudente" que aplica a los cargos ya imputados de Adif.

IMPUTADOS

   En concreto, a la vista del organigrama remitido a finales de agosto por Adif, el juez señala que "pueden considerarse potenciales autores del delito imprudente de resultados mortales y lesivos" el director de Seguridad en la Circulación, Manuel B.G; y el gerente del Área de Seguridad en la Circulación Noroeste, Fernando R.S., a los cuales cita para el 18 de septiembre a las 10.00 y a las 12.30 horas, respectivamente.

   Asimismo, también llama en calidad de imputados al jefe de Inspección de la Gerencia de Área de Seguridad en la Circulación-Noroeste, José Antonio G.D., y a los inspectores de dicha jefatura Carlos A.G. y Roberto S.A., a los cuales cita para el día siguiente, el 19 de septiembre, a las 9.30, a las 11.30 y a las 13.00 horas, respectivamente.

   El juez considera que a estos cinco responsables de Adif les correspondía haber adoptado o haber demandado las medidas de seguridad "adecuadas en relación con los riesgos" en la línea y en el lugar concreto donde descarriló el Alvia. No obstante, señala que "presumiblemente no cumplieron con estos deberes", ya que ante las características de la vía en la curva "A Grandeira" "y el riesgo que creaba para la circulación de los trenes", "no arbitraron medidas ante una posible desatención del conductor del tren a las indicaciones de velocidad".

   Sobre futuras imputaciones, el juez Aláez solicita a Adif que facilite la identidad de todas las personas que han sido presidentes y vocales del Consejo de Administración de esta entidad y que hayan desempeñado los cargos de director de Seguridad en la Circulación, gerente del Área de Seguridad en la Circulación Noroeste, jefe de Inspección de la Gerencia de Área de Seguridad en la Circulación-Noroeste e inspectores de dicha jefatura desde el día de la entrada en servicio del tramo de la línea ferroviaria Orense-Santiago de Compostela.

SORPRESA POR ARGUMENTOS DE ADIF

   En su auto, el magistrado repasa también las circunstancias en las que se produjo el siniestro ferroviario y las especificaciones técnicas del tramo y advierte que "sorprende" que Adif aluda, como pilar básico de la seguridad en la circulación, al "conocimiento de la línea" por parte del maquinista, Francisco José G.A., y "el cumplimiento de las velocidades máximas autorizadas", pero "haya omitido cualquier tipo de respuesta del sistema ante el previsible fallo humano".

   El maquinista del tren accidentado está en libertad imputado por un total de 79 delitos de homicidio, tantos como víctimas mortales se produjeron, y una pluralidad de delitos de lesiones, todos ellos cometidos por imprudencia profesional.

   El juez constata ahora en este auto, fechado este lunes, que dado que el tren accidentado circulaba con el sistema ASFA, "se deja exclusivamente" en las manos del maquinista la reducción de velocidad, y "la probabilidad de error humano era alta". "Era previsible que si se producía el error en ese lugar, en las proximidades de la curva de "A Grandeira", era muy posible que se materializase en un fatal desenlace como el ocurrido el día 24 de julio de 2013", agrega Luis Aláez.

RESPONSABILIDADES

   El magistrado advierte de que, aunque en principio el Consejo de Administración de Adif está liberado de responsabilidad penal porque la seguridad en la circulación está delegada, sí que podría existir "una potencial responsabilidad" si no intervino para supervisar y controlar la correcta actividad de la Dirección de Seguridad.

   Así, concluye que las muertes y lesiones provocadas por el descarrilamiento del Alvia en la curva de "A Grandeira" "son imputables objetivamente" a "delegantes y delegados", porque tenían "un dominio real sobre la fuente de peligro", por lo que defiende que todos sean considerados "potenciales autores" de delito imprudente.