En su resolución, el juez ha oficiado así a Caixabank para que entregue esta documentación así como la relativa al destino de las sumas que fueron transferidas desde la anterior cuenta o los perceptores de diversos cheques que fueron librados.  

  Más en concreto, según información bancaria incorporada recientemente a la causa, desde la mercantil Aizoon, empresa propiedad de los Duques que recibió ingentes cantidades del entramado Nóos -abastecido a su vez con los fondos públicos percibidos de Baleares y la Comunidad Valenciana-, fueron traspasados hasta un total de 150.000 euros que fueron a parar, el 27 de diciembre de 2006, a una cuenta bancaria cuyo titular es Urdangarin y autorizada la Infanta.  

  Y es que, de acuerdo a las investigaciones, el matrimonio se habría beneficiado a través de Aizoon de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda por parte de la mercantil de la que ambos son copropietarios.   

       En este contexto, el juez debe decidir en próximas semanas si archiva definitivamente las investigaciones en torno a la Infanta Cristina o si, por el contrario, acuerda su imputación por un presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales, no sin antes consultar a la Fiscalía Anticorrupción y las demás partes personadas en el caso Nóos para que se pronuncien al respecto.

   DINERO DESTINADO A GASTOS PARTICULARES DEL MATRIMONIO

   Según postulan los investigadores, el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible "conocimiento del origen ilícito y delictivo" de estos fondos.  

  De hecho, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares incidía en que, si bien la Duquesa de Palma podía desconocer el origen ilegal del dinero público, en cuanto a que "provenía de un delito de malversación o de fraude", lo que resulta "más dudoso" es que la Infanta "desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública" puesto que Nóos, aunque declaraba al fisco, no pagaba el impuesto de sociedades por constar inscrita como sociedad sin ánimo de lucro.

   En esta misma línea, la Audiencia señalaba que la Infanta "debería saber o conocer que Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda", tanto en lo que al impuesto de sociedades se refiere como respecto al IRPF, y que "se ha enriquecido con contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon a Nóos".