El magistrado ha impuesto a los 11 acusados en la causa que investiga la conocida como operación Crucero, una fianza solidaria en concepto de responsabilidad civil de 1.167.300.000 euros y ordena que depositen esta cantidad en el plazo de un día. Apunta que realizará "investigación de la capacidad económica de los acusados a los efectos de las mutas e indemnizaciones solicitadas".

   En un auto hecho público este martes, Velasco acusa a Díaz Ferrán y De Cabo de la comisión de delitos de alzamiento de bienes continuado, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en organización criminal. Acuerda también abrir juicio oral contra 26 empresas, en su mayoría relacionadas con el empresario valenciano, como responsables civiles subsidiarias.

   La Fiscalía pide 15 años de prisión para el expresidente de la CEOE y 8 años para el liquidador de empresas De Cabo, que se encargó de la operación de vaciamiento. Solicita, además, 8 años y nueve meses para el hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz de Santamaría. Por su parte Iván Losada, número dos de De Cabo, se enfrenta a una petición fiscal de 4 años y tres meses.

   El resto de acusados son la esposa de De Cabo, Consuelo Garrido (dos años y nueve meses), el hermano de éste Teodoro Garrido (4 años y 3 meses), la secretaria del empresario, Susana Mora (4 años y 9 meses), el financiero Carmelo José Estelles (6 años y 3 meses), el empresario del transporte ligado a De Cabo, Antonio García Escribano (4 años y 3 meses), el testaferro José Enrique Pardo (4 años y 3 meses) y el fiscalista Rafael Tormo (4 años y 9 meses).

   Las 13 acusaciones particulares personadas en la causa solicitan penas para Díaz Ferrán y De Cabo que van desde los tres años de cárcel que solicita Aerolíneas Argentinas hasta los 31 años y tres meses que piden la administración concursal del exlíder de la patronal y la administración concursal yacente de su antiguo socio fallecido, Gonzalo Pascual.

   Díaz Ferrán y De Cabo se encuentran en prisión provisional por esta causa con fianzas de cinco y tres millones de euros respectivamente. También está en prisión Losada, al que el juez impuso una fianza de tres millones.

   Según defiende el Ministerio Público, el grupo empresarial empezó a acumular deudas que comprometían gravemente su viabilidad lo que desencadenó que, a partir de diciembre de 2009, el Consejo de Administración fuera sustituido por dos administradores solidarios y que pasara a venderse, en 2010, al empresario Ángel de Cabo.

   La situación derivó en la salida a concurso de Viajes Marsans y otras empresas. En el proceso se determinó que el déficit patrimonial de la empresa superaba los 270 millones mientras que la deuda de Díaz Ferrán alcanzaba los 413 millones y la de Pascual los 313.

"ALTÍSIMO NIVEL DE VIDA"

"Tan lamentable situación patrimonial, que afectaba tanto al grupo empresarial como al patrimonio personal de sus titulares, amenazaba el altísimo nivel de vida que hasta entonces ambos llevaban por lo que decidieron salvar de las ejecuciones a las que se veían abocados la mayor parte de los bienes, mediante un sistemático vaciado de su patrimonio personal y empresarial, en evidente perjuicio de los acreedores", dice el fiscal.

   Díaz Ferrán y Pascual transmitieron a De Cabo la totalidad de su patrimonio, tanto empresarial como personal, sin que éste abonara cantidad alguna, si bien debía pagarles 8 millones de euros a cada uno en plazos de 100.000 euros mensuales "con lo que podrían seguir viviendo con la misma o parecida opulencia".

   La causa por el vaciamiento de Marsans en sólo uno de los múltiples frentes que Díaz Ferrán tiene abiertos en la Audiencia Nacional y en otros juzgados. El juez Santiago Pedraz dió hace unos días el primer paso para juzgarle por un delito continuado de apropiación indebida por quedarse con 4,4 millones de euros pagados a Viajes Marsans por clientes que contrataron viajes que nunca llegaron a disfrutar.

   Díaz Ferrán figura además entre los querellados a los que investiga el también juez Fernando Andreu por la planificar la comercialización de participaciones preferentes de Caja Madrid. El Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid le investiga también por delitos de presentación de datos falsos, alzamiento de bienes, delitos contables y falsedad de documentos privados por la quiebra de Seguros Mercurio.