El juez, que envió al ex banquero a la cárcel, ha logrado aunar un "récord histórico" de firmas adheridas a una querella presentada ante el alto tribunal. "La querella con más apoyo popular que se recuerda fue la presentada contra Aznar por la Guerra de Irak con 11.000 firmas", ha expuesto su abogado Cándido Conde-Pumpido Varela.

   El letrado ha acudido al Palacio de Justicia cargado con dos cajas repletas de miles de firmas de ciudadanos, que han sido recogidas con ayuda del político cántabro Miguel Ángel Revilla a través de la plataforma Change.org.  

  El abogado defensor ha registrado esta querella que acusa al magistrado Jesús Gavilán de presuntos delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y contra los derechos fundamentales de su cliente al habérsele impedido "sistemáticamente" ejercer su derecho de defensa.

   "Nos ha negado tener acceso a los correos electrónicos de Blesa y nos va a hacer comparecer a juicio con una parte de la causa secreta, cosa que yo recuerde no había sucedido en la historia de este país", ha argumentado Conde-Pumpido, que prevé que el juicio contra Silva se celebre entre julio y septiembre.

   A su juicio, el caso abierto contra Silva "debería haberse archivado" y, en cualquier caso, la vista oral no debe celebrarse en tanto en cuanto hay una querella pendiente contra Gavilán ante el Supremo y una denuncia presentada por la defensa en la Fiscalía General del Estado contra el fiscal Manuel Moix, que pide 30 años de inhabilitación para su representado.  

  "La querella ante el Supremo está pendiente de admisión y podría determinar la nulidad del procedimiento", ha indicado Conde-Pumpido, para recordar que otro juez de Madrid investiga a Blesa por la compra del City National Bank de Florida. A su entender, las sospechas sobre presuntos delitos cometidos en esta operación respaldan la decisión de Silva de ordenar su ingreso en prisión.  

  La defensa ha precisado que Silva todavía no ha presentado sus alegaciones ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien está pendiente de iniciar el trámite de suspensión provisional como pide la Fiscalía por delitos de prevaricación, retardo malicoso en la Administración de Justicia y contra la libertad individual de Blesa.   

 La defensa del ex presidente de Caja Madrid pide 40 años de inhabilitación para Silva, mientras que el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que no ejerza como juez durante 24 años. El Tribunal Superior de Justicia le ha fijado una fianza de 60.000 euros.