Así lo sostiene en un auto dictado en respuesta a un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que acusaba al hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol -ya imputado en la causa por tráfico de influencias- de exigir 30.000 euros al empresario imputado Ricard Puignou para votar en el Parlamento a favor de los intereses de esta presunta trama en la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial de 2008, por lo que pidió su imputación.

La mujer de Oriol Pujol ha sido citada a declarar asistida por un abogado el lunes 20 de enero a las 12 horas, cuando también deberán comparecer los letrados de la defensa de los ya imputados, el fiscal, la acusación popular y el resto de las partes personadas en el juzgado donde "se concretará la imputación y calificarán la intervención delictiva".

 En esa comparecencia, el juez comenzará escuchando al fiscal y, sucesivamente, a las acusaciones personadas para que califiquen la actividad delictiva y pidan las diligencias de investigación que estimen oportunas, para después oír a las defensas, entre ellas también la del empresario Sergi Alsina, amigo de Pujol y sospechoso de cohecho.

 El magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJC Enric Anglada considera que esta acusación se debe tramitar por el procedimiento del jurado y dentro de la misma causa que ya se está instruyendo, pero sin que sea necesario abrir una pieza separada ni un nuevo proceso contra Oriol Pujol y los otros implicados, como sí pedía la Fiscalía.

Además, el juez ha instado al fiscal que se encarga del caso, Fernando Maldonado, a concretar la calificación jurídica de la presunta implicación de otras dos personas que no estaban imputadas -Joan Martí y Lluís Gasull-, lo que deberán hacer también el resto de las partes.

CRÍTICA A LA FISCALÍA

Por otro lado, el juez dice en el auto que ha quedado "sorprendido por la forma de actuación llevada a cabo por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada" que emitió un comunicado de prensa explicando la petición de imputación. "La línea ahora adoptada por la Fiscalía se escapa del ámbito de una instrucción cuidadosa y serena" pues el magistrado considera que dicta sus resoluciones dentro de los plazos y con la máxima inminencia posible, con lo que habría llegado igualmente a los medios de comunicación pero no antes que a las personas implicadas.

"PESO POLÍTICO" DE PUJOL El TSJC

ya vio indicios de que Oriol Pujol se aprovechó de su peso político -sobre todo como presidente de CiU en el Parlamento- "con el objetivo de obtener un beneficio económico, para él y/o para sus amigos colaboradores" dentro de esta presunta trama para la concesión irregular de estaciones de ITV.

Ahora, durante la investigación del caso, "se habría descubierto que presuntamente el Sr.Puignou habría solicitado el voto favorable para sus intereses por parte del Sr.Pujol en la tramitación de la ley", voto por el que Oriol Pujol pudo pedir 30.000 euros, según la Fiscalía, que se basa en un informe y anexos del Servicio de Vigilancia Aduanera.