En la primera sesión del juicio, su letrado, Sergio Sánchez, ha presentado un justificante escrito en inglés en el que supuestamente se acredita la imposibilidad de viajar de su representado por motivos médicos.  

  Por su parte, el juez se ha referido al artículo 304 de las leyes procesales, relativo al interrogatorio de las partes, en el que se recoge que la incomparecencia de la parte citada permite al tribunal considerar "reconocidos los hechos en que dicha parte hubiera intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial". Además, y aunque no es lo frecuente, se le pondría imponer una multa.

   Al juicio sí han asistido el resto de demandados por la aseguradora Allianz, que reclama reclama los 7,5 millones de euros que restan tras haber abonado a su asegurada, la sociedad Jovellanos XXI, 3,5 millones. Así, han prestado declaración el aparejador Carlos Fernández; Alberto Lago, por la constructora Fiaga; el responsable de la subcontrata Esdehor y el representante legal de la empresa de ingeniería In Hoc Signo Vinces.  

  Todos han coincidido en señalar que los trabajos del Palacio partieron de "un proyecto básico", que se fue completando con adendas y planos parciales.

   El aparejador ha explicado que no le correspondía la toma de decisiones, sino, la transmisión de información entre la dirección y las subcontratas. Por su parte, el responsable de la constructora ha señalado que su capacidad de reacción era "mínima" puesto que siempre estuvieron "al rebufo" de que llegaran los planos. "Ejecutábamos cuando Valencia nos autorizaba y no hemos hecho nada que no estuviera visto ni visado por ellos", señaló.   

 Además, ha reconocido que se trabajó "con premura" por la necesidad de cumplir compromisos "con terceros", entre los que ha citado a la empresa Multi Development. Al respecto, precisó que el ritmo de la obra "intentó acelerarse en todo momento" porque "cuanto más se dilata, más dinero cuesta". Por último, ha asegurado que la relación entre Fiaga y la subcontrata Esdehor -responsable del hormigonado- era de "confianza absoluta".

   El responsable de ésta ha indicado que Esdehor es una empresa de mano de obra sin participación técnica en el edificio y, a modo de curiosidad, ha añadido que los siete millones que cobró la dirección facultativa del proyecto es más que lo ingresado por todos sus operarios.    El demandado ha considerado que el siniestro se produjo "por un fallo de la losa del edificio", de 28.000 kilogramos de peso, y no del doble apuntalamiento, que hubiera provocado un derrumbe "efecto dominó".  

  En este sentido, ha recordado que antes del accidente la losa "no se apuntaló", porque "nadie lo mandó", mientras que durante la reconstrucción se apuntalaron todas las plantas. "Nuestra oferta fue de encofrado a Fiaga; no teníamos capacidad para hacer cálculos de una estructura que es única", ha reiterado.

UNA ESTRUCTURA "ARRIESGADA"  

  El representante legal de In Hoc Signo Vinces -integrada en el despacho de Calatrava- ha reconocido que la estructura del graderío era "arriesgada", como "casi todas" las diseñadas por el valenciano.  

  A preguntas de las partes, ha declarado que el cálculo de estructuras correspondía a una dirección integrada por cuatro técnicos, mientras que la dirección de obra estaba "diluida" entre todo el personal, a las "órdenes" de Calatrava. "Cada especialista tenía que cuidar la parcela de la obra de su responsabilidad; sería imposible que una persona con más de treinta obras en el mundo estuviera encima", ha dicho en alusión al afamado arquitecto, distinguido en 1999 con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.  

  No obstante, ha manifestado que éste revisaba los proyectos, preguntaba por la marcha de los mismos y tomaba las decisiones importantes. "Tenía un conocimiento cabal de los aspectos relevantes del proyecto y de la obra", ha concluido".    El juicio se reanudará esta tarde con las declaraciones de testigos y peritos y está previsto que dure hasta el martes.