Más de seis años después de que se iniciasen las investigaciones sobre la adjudicación presuntamente irregular de los solares de Can Domenge por parte del Consell de Mallorca, el juicio en torno a estos hechos arrancará este miércoles y a lo largo de este mes y principios de julio sentará de nuevo en el banquillo a la exdirigente histórica de Unió Mallorquina (UM) Maria Antònia Munar, expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, así como a otros tres exaltos cargos de la extinta formación política.

   Con más de 7.000 folios de sumario y otros tantos de expediente administrativo relativos a la venta de los terrenos palmesanos a la mercantil Sacresa por treinta millones de euros, la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la empresa querellante Núñez y Navarro, la causa será juzgada en concreto los días 5, 6, 7 (resolución de las cuestiones previas que se planteen y declaración de los acusados), 17, 18, 19, 20 y 21 de junio (interrogatorio de los testigos) y del 1 al 5 de julio (periciales, prueba documental, conclusiones e informes).   

 El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares será el encargado de juzgar a los seis acusados en este proceso judicial, cuya vista oral se celebrará finalmente a partir de la próxima semana tras no haber prosperado la petición de suspensión formulada por Munar a raíz de las últimas revelaciones efectuadas por el exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens -también acusado-, quien ha confesado que tanto Munar como el exvicepresidente del Consell, UM y él mismo percibieron un soborno de hasta cuatro millones de euros de Sacresa por resultar beneficiaria.  

  La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión para Munar así como para los ex "uemitas" Miquel Nadal, exvicepresidente del Consell; Bartomeu Vicens, exconseller de Territorio, y Miquel Àngel Flaquer, extitular del departamento insular de Hacienda, por presuntos delitos de fraude a la administración (por los que pide tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, pese a que la acusación pública no les atribuye ningún delito de malversación de caudales públicos, ilícito que sí mantienen tanto Núñez y Navarro como el Consell, personados como acusación particular.  

  Los escritos de acusación también se dirigen contra Santiago Fiol, abogado asesor Sacresa considerado "correa de transmisión" entre la empresa y el Consell, y contra el principal accionista de Sacresa, Román Sanahuja, quien presuntamente dirigía la preparación del concurso.

 FIANZA CIVIL DE 37,1 MILLONES PARA LOS EXALTOS CARGOS DE UM  

  En el marco de esta causa, la jueza instructora, Carmen González, fijó una fianza de responsabilidad civil de 37,1 millones de euros para Munar, Flaquer, Vicens, Nadal y Sanahúja, al tiempo que reclamó a Fiol otra caución por importe de 200.000 euros.

   Cabe recordar que Núñez y Navarro, personada a través de las sociedades Josel S.L. y Anova S.A., reclama diez años de cárcel para Munar, Nadal, Vicens y Flaquer por los delitos de malversación, fraude a la administración pública, prevaricación y revelación de secretos, y un año y medio de prisión para Fiol, por los delitos de fraude y revelación de secretos, así como para Sanahuja Pons, a quien imputa los delitos de malversación, fraude y uso de información reservada.    

  Asimismo, el Consell solicita en un duro escrito de acusación nueve años de prisión para los cuatro ex dirigentes "uemitas" y el abogado externo de Sacresa por fraude, prevaricación, malversación y revelación de secretos e informaciones, mientras que pide hasta 11 años de cárcel para el máximo accionista de Sacresa por fraude, malversación, prevaricación y aprovechamiento de la información facilitada.

 MUNAR Y NADAL, CONDENADOS POR UNA PIEZA DEL CASO MAQUILLAJE

   Se da la circunstancia de que tanto Munar como Nadal ya fueron condenados el pasado año, dentro del denominado caso Maquillaje, por desviar hasta un total de 240.000 euros a la productora que ambos controlaban mediante testaferros mientras eran máximos responsables del Consell. En concreto, la expresidenta fue sentenciada a cinco años y medio de cárcel mientras que quien fuese su "delfín" político lo fue a dos años y siete meses de prisión.  

  Asimismo, Nadal también ha sido condenado dentro del caso Voltor a cuatro años de prisión por auspiciar la contratación fraudulenta del exalcalde de Sóller Tomás Plomer por unos servicios que no le entrañaban trabajo alguno, pero por los que cobró 13.080 euros públicos como gratificación por las labores que sí había realizado en favor de la extinta UM. Es, además, el exalto cargo público de Baleares que se encuentra imputado en un mayor de casos: se trata, además de Can Domenge, Voltor y Maquillaje, de los casos Son Oms, Llompart, Ibatur y en una séptima centrada en la presunta financiación ilegal de UM.