La subida del IRPF aprobada por el Gobierno el pasado viernes costará de media 222 euros anuales a cada contribuyente y recaerá en su mayor parte sobre las clases medias y bajas con ingresos por debajo de los 33.000 euros anuales, que representan el 85% de los trabajadores, según datos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

   De este modo, los asalariados que se mueven en el entorno del mileurismo, es decir, aquellos que ganan hasta 17.700 euros brutos anuales y que representan el 55% del total deberán pagar a Hacienda unos 23 euros más al año, mientras que quienes superen esa cantidad, pero no lleguen a 33.000 euros, deberán desembolsar unos 165 euros más.   

 Estos dos tramos de ingresos, unidos al de los asalariados que no alcancen los 53.400 euros, cuyo gravamen extra rondará los 490 euros, aportarán en conjunto unos 2.065 millones de euros anuales, lo que supone más de la mitad de los 4.111 millones de euros que el Ejecutivo prevé recaudar gracias a esta subida temporal del IRPF.  

  En el extremo opuesto, aquellos que ganan más de 300.000 euros anuales y que apenas suponen un 0,2% del total contribuirán con una mayor cuantía, unos 16.187 euros anuales, aunque el peso total de esta aportación no alcanzará siquiera los 465 millones de euros.  

  La modificación del IRPF también afectará a los ingresos provenientes del ahorro. Así, los pequeños ahorradores que ganen menos de 6.000 euros anuales a través de esta vía --más del 95% del total-- tan solo tendrán que pagar 25 euros más al año, cifra muy reducida en comparación con los más de 6.650 euros que tendrán que aportar de media quienes obtengan más de 24.000 euros al año por este concepto.   

 El aumento de los gravámenes al ahorro tan sólo generará unos 1.246 millones de euros anuales, por lo que el 80% de la nueva subida recaerá una vez más sobre los trabajadores, incluidos los desempleados y pensionistas, y no, como hubiera sido deseable según Gestha, sobre otros rendimientos más vinculados a los grandes patrimonios, como los de capital.

ALGUNAS PENSIONES PERDERÁN PODER ADQUISITIVO.  

  En este sentido, el secretario general de los técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, considera positivo que en las nuevas medidas el Ejecutivo eche mano de este tipo de ingresos "más exclusivos", aunque matiza que aún es necesario eliminar ciertas normas contrarias a la progresividad, empezando por excluir las ganancias patrimoniales especulativas como rentas del ahorro.  

  Por otro lado, entre las consecuencias de esta modificación del IRPF, los técnicos de Hacienda destacan que la actualización de las pensiones apenas se notará en el bolsillo de los jubilados, y en algunos casos se verá incluso neutralizada por la subida de impuestos.  

  De este modo, y según sus cálculos, en España hay más de un millón de pensionistas (el 13,4% del total) que, al percibir prestaciones por encima de los 22.000 euros durante el pasado año, verán eclipsada su revalorización y terminarán perdiendo poder adquisitivo durante el próximo año.

GRAVAMEN SOBRE LAS GRANDES EMPRESAS.  

  Por ello, de cara a las nuevas medidas de ajuste que el Ejecutivo prevé aprobar en breve para contener el déficit, Gestha aboga por la creación de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas, aquellas cuya facturación supere los 45 millones de euros, elevando del 30% al 35% el gravamen aplicable a los beneficios que superen el millón de euros.   

Gracias a esta medida, calcula Gestha, la recaudación se elevaría ya en más de 13.900 millones de euros anuales, cantidad muy superior a la que se obtendrá por la modificación del IRPF, además de reducirse la brecha que separa el tipo medio efectivo de las microempresas y pequeñas empresas frente al menor tipo efectivo de las grandes corporaciones.   

Por último, Gestha recordó que la mejor forma de revitalizar la economía sin afectar a los salarios pasa por luchar contra la economía sumergida, que supone cerca de 245.000 millones anuales, el 23,3% del PIB, así como por la creación de un impuesto sobre la riqueza, una modificación de las Sicavs para establecer un porcentaje máximo de participación de entre el 2% y el 5% del capital social o un impuesto a las transacciones financieras.