El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha decidido tomar las riendas de la negociación en la reforma de la Constitución ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos y las dificultades surgidas en el inicio de la negociación para limitar en la Carta Magna el déficit público, según informaron a Europa Press fuentes socialistas.  

  Las mismas fuentes han explicado que Rubalcaba dirigirá a partir de ahora estas conversaciones, junto con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Antonio Alonso, que era quien estaba coordinando el asunto desde que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciara ayer que había alcanzado un acuerdo con el presidente del PP, Mariano Rajoy, para realizar esta modificación.   

 Las fuentes consultadas no precisaron si estas dificultades se deben a problemas con el Partido Popular para hilar la letra pequeña de la reforma o si son debidas a las críticas internas surgidas a lo largo del día de hoy dentro del propio grupo parlamentario socialista, que se suman también a las reticencias que han mostrado los partidos nacionalistas y, sobre todo, al rechazo frontal de Izquierda Unida, que además ha pedido que se haga un referéndum para consultar a los ciudadanos si están de acuerdo.  

  En cualquier caso, numerosos miembros del PSOE se han quejado a lo largo del día de hoy por la falta de una explicación clara sobre por qué se lleva a cabo la reforma y por qué no se convoca un referéndum. Uno de los socialistas críticas, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado en su cuenta de Twitter que será "el primero" en estar en contra si no se explica bien.  

  Además, se han sucedido los comentarios contrarios a la reforma por parte de diversos miembros del grupo parlamentario socialista, entre otros, Antonio Gutiérrez, y de destacados miembros del PSOE como José Borrell o Tomás Gómez.  

  El objetivo que persigue el candidato socialista al asumir la dirección de la negociación, según las fuentes consultadas, es doble. Por un lado, quiere que la redacción final de la reforma sea lo suficientemente "flexible" como para garantizar que se mantengan los servicios fundamentales y las políticas sociales cuando haya momentos puntuales de dificultad, como pueden ser una crisis o una catástrofe.   

 En segundo lugar, Rubalcaba quiere ampliar el consenso que ya tiene el Gobierno con el PP al mayor número posible de fuerzas políticas del arco parlamentario. Es decir, pretende conseguir un apoyo igual o superior al que tuvo la Constitución cuando se aprobó. Por ello, tratará de sumar a todos los partidos nacionalistas y también a Izquierda Unida.

PARTIDOS NACIONALISTAS   

El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha admitido que su partido ve "con muchísima reticencia" la propuesta del Gobierno de reforma constitucional para limitar el gasto público. A su juicio, la iniciativa es buena en el fondo, pero "puede resultar enormemente problemática convertida en una norma constitucional" porque "privaría a las administraciones públicas de una herramienta" muy útil.   

Durante el pleno en el que se anunció la propuesta de reforma, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, aseguró que compartía el "espíritu" de la propuesta y señaló que se trataba de una medida que, con anterioridad, ya había sido defendida por Alemania y otros países europeos.