En concreto, el texto ha contado con el aval de 36 votos a favor, dos en contra correspondientes a las minorías de izquierdas y ninguna abstención.

   Con todo, el texto definitivo pone en un aprieto al Gobierno al incluir entre las 21 recomendaciones el desacuerdo explícito a un eventual incremento de la edad de jubilación hasta los 67 años y la censura a la congelación de las pensiones del próximo año, con la exigencia al Ejecutivo de que no vuelva a aprobar una medida similar "sin la consulta y el debate" previó del Pacto de Toledo.  

  Si bien, la ambigüedad de las recomendaciones deja manos libres al Gobierno para retrasar la jubilación y ampliar el periodo de cálculo de las pensiones más allá de los 15 años que se toman de referencia en la actualidad.

   Por ello, la mayoría de los grupos mostraron durante el debate su temor a que el Gobierno acabe legislando en contra de estas recomendaciones, al tiempo que le reprocharon haber actuado en tiempo y forma durante las negociaciones para calmar la presión de los mercados.

   Tras algo más de dos horas de Comisión, los grupos parlamentarios debatirán las recomendaciones en Pleno, previsiblemente el 25 de enero, sólo tres días antes del Consejo de Ministros que espera aprobar el proyecto de ley del nuevo sistema público de pensiones.

EL PP APOYA CON ALGUNA OBJECIÓN

   Pese al respaldo del PP, el portavoz de los populares en la Comisión, Tomás Burgos, defendió el voto particular sobre la edad legal de jubilación como "reafirmación" en su oposición a la intención del Gobierno de elevar el retiro a los 67 años, por lo que aclaró que no va en contra de la recomendación en sí, pues ésta recoge de manera explícita el desacuerdo.     

Burgos coincidió con los grupos minoritarios de la izquierda y PNV en denunciar la celeridad imprimida por el Ejecutivo para revisar las recomendaciones. Tanto PP como IU-ICV, ERC, BNG y PNV cuestionaron la conveniencia del Pacto de Toledo cuando el Gobierno ya había fijado el 28 de enero como fecha límite para acometer la reforma.     

Por ello, volvió a criticar las "formas perturbadoras" y el "procedimiento de vértigo" exigido por el Gobierno a las negociaciones en el Pacto de Toledo por las presiones de los mercados, las que, a su juicio, han estado "a punto de echar por tierra el acuerdo".

   Por su parte, la representante del BNG, Olaia Fernández, relativizó el papel de la Comisión para orientar la reforma de las pensiones, ya que el Consejo de Ministros que prevé aprobar el proyecto de ley será tan sólo tres días después de la votación en Pleno.  

  "El documento sería positivo si el Gobierno lo tuviese en cuenta", subrayó para constatar esta discrepancia. A esta crítica también se sumaron los portavoces de IU-ICV y ERC, Gaspar Llamazares y Joan Tardá, respectivamente.

RECOMENDACIONES, "EN PAPEL MOJADO"   

Llamazares censuró la interpretación de la "sinfonía" del Pacto de Toledo que puede hacer el Gobierno, por lo que sospechó que habrá un "claro sesgo". "Estas recomendaciones van a quedar en papel mojado para el Gobierno", lamentó, a lo que agregó una nueva reflexión: "El Pacto de Toledo suena a anacrónico".   

Mientras, Tardá denunció que el Ejecutivo "no ha jugado limpio" en las pautas a seguir para reformar la Seguridad Social, al considerar que ha actuado de forma "muy patán" por la "falta" de respeto sobre el trabajo de los parlamentarios con los sucesivos anuncios que desgranan la reforma.

PNV: "PROYECTO DE LEY REDACTADO".

   Por su parte, el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, recriminó al Gobierno que se haya abordado con tanta celeridad la reforma y la haya vinculado a la necesidad de austeridad y recortes, al tiempo que ha negado que sea un requerimiento de los mercados.  

  Asimismo, Olabarría se ha mostrado convencido de que el Ejecutivo, que ha cosechado reproches "inéditos" en la historia del Pacto de Toledo, no hará caso de las recomendaciones: "El Gobierno va a tomarlas a beneficio de inventario". "Es previsible que el proyecto de ley ya esté redactado", añadió.

CIU: "PROBLEMA POLÍTICO" PARA EL GOBIERNO

   Sin embargo, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, no se alineó con estas críticas sobre el trabajo de la Comisión, ya que avisó de que el Gobierno tiene un "problema político" para decidir el aumento de la jubilación con el desacuerdo expresado en el texto definitivo.

   "El Gobierno está obligado a considerar las recomendaciones, con independencia de que el Pleno apruebe estas recomendaciones", afirmó, al tiempo que calificó las propuestas de "muy concretas".  

  Para Campuzano, que el PSOE, PP, PNV y CiU respalden el texto de la Comisión quiere decir que existe una "enorme mayoría" sobre las recomendaciones, aunque admitió que el Pleno para votar las recomendaciones debería haberse fijado antes del 25 de enero.

   "Los costes de envejecimiento no son un problema de izquierda ni de derechas, sino un problema que las sociedades europeas deben hacer frente", apuntó directamente al arco minoritario de la izquierda, para después advertir de que sería un "error" que el Gobierno aprobará la reforma sin el acuerdo parlamentario y el apoyo de los agentes sociales. "Si existe voluntad política puede haber una reforma pactada con los grupos y los sindicatos", concluyó.

PSOE: "AVANCE MUY IMPORTANTE"  

  La portavoz del PSOE, Isabel López i Chamosa, se congratuló por la aprobación del texto, al asegurar que manda un "mensaje de tranquilidad" a los actuales y futuros pensionistas. "(El texto) supone un avance muy importante para el sistema (Seguridad Social)", expresó, para defender que las nuevas recomendaciones persiguen un sistema "más equitativo y más justo".

   "Hacemos la reforma porque toca", justificó López i Chamosa, quien apeló al "espíritu de la Constitución" para resaltar el acuerdo alcanzado finalmente.   

En aras de este consenso, la portavoz socialista justificó que el PSOE acabe comulgando el desacuerdo explícito a la edad de jubilación. "Seguimos pensando que hay que alargar la jubilación a los 67 años, pero queremos mantener el consenso (en el Pacto de Toledo)", explicó.