Carlos Ruiz, el padre Iván Ruiz Lucena, el joven de 31 años que fue asesinado en 2007 en Madrid por un hombre que estaba incumpliendo una orden para cumplir un tratamiento externo, se ha mostrado indignado este miércoles ante la última sentencia del Tribunal Supremo que rechaza su recurso para pedir responsabilidades al Estado por lo ocurrido.

   "Para nosotros esta sentencia significa que la Justicia es incapaz de ser imparcial cuando el poder del Estado es una de las partes", ha manifestado a Europa Press.

   El suceso se produjo el día 8 de noviembre de 2007, cuando Iván Ruiz Lucena estacionó su vehículo en un aparcamiento de la calle Carmen Montoya de Madrid, sobre las 21.00 horas. Allí estaba Jesús B. B., quien, por sorpresa y sin razón conocida, encañonó a la víctima con una pistola semiautomática. Disparó hasta en tres ocasiones, aunque no llegó a alcanzarle.

   Iván Ruiz corrió hacia la salida del aparcamiento por la zona de las escaleras, esquivando los disparos. Pero tras salir a la calle, Jesús B. B. le alcanzó con un disparo en la cabeza. La víctima fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde murió a la 14.00 horas del día 9 de noviembre. Jesús B. B. fue condenado en 2010 a 18 años de cárcel por el delito de asesinato y un año por el de tenencia ilícita de armas.

   Se da la circunstancia de que Jesús B.B., en el momento del asesinato, estaba incumpliendo una sentencia judicial previa por un delito anterior que le obligaba a someterse a tratamiento externo. Ante esta ausencia de control, la familia de la víctima acudió a los tribunales y la Audiencia Nacional reconoció en 2012 que se produjo un "anormal funcionamiento de la Administración de Justicia", dado que Jesús B.B. estaba en situación de libertad condicionada a tratamiento externo fruto de una sentencia penal anterior, pero que no se estaba cumpliendo tal obligación.

   Afirmaba además que durante el tiempo que el autor del crimen estuvo sin someterse a ese tratamiento no sólo mató a Iván Ruiz, sino que también cometió otro delito de lesiones. No obstante, la Audiencia no llegó a responsabilizar directamente al Estado por el incumplimiento. Por ese motivo, la familia decidió presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ha ratificado la posición de la Audiencia Nacional y encima le ha impuesto 4.000 euros en costa a los familiares.

   Carlos Ruiz señala que los distintos recursos ante la Justicia tienen como único objetivo "evitar que haya víctimas en el futuro" por parte de personas que debían estar controladas o directamente en la cárcel. "Lo que hemos estado pidiendo es justicia para que esto no vuelva a pasar por negligencia de quien corresponda el control de las sentencias que se cumplan", ha explicado, añadiendo que no es de recibo que estén en la calle sin control delincuentes peligrosos de comportamiento imprevisible.

   "Durante su condena, el asesino ha estado impunemente cometiendo numerosos delitos, atracos con violencia, robos, secuestro, enfrentamientos con violencia con la autoridad... y todo sin que el juez se enterase de lo que sucedía, hasta que asesinó a mi hijo Iván", ha lamentado.

   "Yo ya sé que nuestro hijo Iván no está con nosotros y ninguna sentencia nos lo iba a devolver", ha manifestado Carlos Ruiz, que ha insistido en que el joven fue asesinado por una persona que estaba cumpliendo una sentencia y que nadie controló que cumpliese el tratamiento externo al que se le obligaba.

   Después de pelear sin éxito en los tribunales para que los jueces reconozcan la responsabilidad por falta de control del Estado en lo que le ocurrió a su hijo, Carlos Ruiz ve ahora que le imponen unas costas por valor de 4.000 euros. "Esto es lo que te pasa por pedir justicia", ha manifestado, visiblemente afectado.