En el debate y votación final del proyecto de Ley, en el pleno de la Cámara catalana, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, ha defendido que el objetivo del texto es reducir el stock de pisos vacíos y potenciar el alquiler social, especialmente los de entidades financieras "propietarias de una parte importante de ellos".

   Vila ha sacado pecho de la gestión realizada en los últimos años y ha afirmado que el en 2011 había 3.500 pisos vacíos: "Ahora los hemos reducido a 900".

   Ha dicho que la norma aprobada, pese a los votos en contra de PSC, ICV-EUiA, PP y la CUP, podría haber sido más ambiciosa, pero han preferido que fuera realista, habida cuenta que en otras comunidades se han hecho intentos de legislar en este sentido y la ley no ha prosperado "o bien porque ha sido rechazada en los tribunales o porque no ha tenido traducción práctica".

   Vila ha recordado que la Generalitat tiene hoy más de "80.000 solicitudes que piden ayuda para garantizar el derecho a vivienda, motivo que ha llevado ha realizar una ley que supone un paso adelante realista".

   Ha recordado que en 2013 "ni una sola vivienda había sido cedida" y que, tras el anuncio de la ley, la Generalitat cuenta con compromisos de cesión de 1.530 viviendas.

   "Es lo que ha provocado el simple anuncio de esta medida", ha dicho y ha aclarado que Cataluña Caixa ha cedido 400, Bankia 230 y la Sareb 600 y más tarde otras 300.

   El impuesto gravará con cantidades de entre 800 euros y 1.650 euros por piso anuales, y el conseller vaticina unos ingresos de entre 8 y 8.5 millones de euros anuales: "Aunque la medida no tiene afán recaudatorio, sino que se trata de poner los pisos en circulación rápidamente".

REACCIONES

   Esta medida no ha convencido a los miembros de ICV que, por voz de su diputado David Companyon, han afirmado que la ley no está a la altura de la situación, que la cantidad no obligará a las entidades financieras a poner los pisos en circulación, "ya que prefieren pagar a aceptar la dación en pago, y que al no incluir a las  personas físicas permiten que los que tienen 50 pisos no tengan que pagar".

   En el mismo sentido, Quim Arrufat (CUP) ha reprochado que la cantidad del impuesto es insuficiente: "Es como atacar a un elefante con un mosquito; y ha recordado que hay 450.000 pisos vacíos mientras se hacen 20.000 ejecuciones hipotecarias en Cataluña al año.

   José Antonio Coto (PP) ha proclamado que la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y el candidato de Podemos a la Generlalitat, Albano Dante Fachín, "controlan ya el Parlament", insinuando que el gobierno se ha visto presionado a tomar esta medida con la aparición de estos nuevos grupos políticos.

    Además, ha afirmado que sí tiene intención recaudatoria y ha propuesto que sería mejor bajar impuestos para que la gente tuviera más capital y pudiera acceder a los pisos.

   Roger Torrent (ERC) ha defendido que sólo se penalice fiscalmente a las personas jurídicas para que afecte a las entidades financieras, especialmente "a las que han sido rescatadas, para que no se permitan el lujo de tener pisos cerrados".

   Jordi Tarrades (PSC) le ha reprochado que el FROB ha reconocido en sede parlamentaria --en el Congreso-- que se otorgaron a bancos y a promotoras inmobiliarias un total de 51.000 millones y "mientras el 23% de los catalanes están en riesgo de exclusión social, el Govern habla de recaudar 8 millones".

   A juicio de José Antonio Villegas (C's), se puede o no hacer nada y esperar a que la mano invisible del mercado todo lo arregle o aplicar otras recetas como expropiar los pisos: "La postura que se utiliza es la adecuada, ni no hacer nada ni matar moscas a cañonazos