En la reforma de 2007, la Ley de Financiación de Partidos pidió al Tribunal de Cuentas el diseño de un Plan de Contabilidad para que los partidos y fundaciones vinculadas pudieran presentar anualmente sus cuentas de forma homogénea. 

  Ese texto, después de un debate interno en el tribunal y tras escuchar a expertos del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), se remitió hace un año al Parlamento y poco antes de Navidades fue presentado por el presidente de la institución fiscalizadora, Ramón Álvarez de Miranda.

EL MAYOR NÚMERO DE REALIDAD ECONÓMICA

   Según explicó entonces, el plan busca poder analizar cada partido como "una única realidad económica" y eso pasa por buscar "la integración de la contabilidad más completa y abarcando el mayor número de realidad económica afectada por la gestión del propio partido".

   Así, en virtud de la propuesta del Tribunal de Cuentas, ese Plan de Contabilidad obligará a los partidos a incluir datos de todas las entidades que puedan formar parte de su actividad o tienen incidencia en su labor: Sus fundaciones políticas y sociedades vinculadas, de sus estructuras territoriales, de sus grupos parlamentarios de todos los ámbitos (Cortes, asambleas autonómicas y Corporaciones locales), e incluso de sus máximos dirigentes y sus familiares más directos. 

  "Se considerarán partes vinculadas a la formación política el personal clave de la misma, entendiendo por tal los miembros de los órganos máximos de dirección. Quedan también incluidos los familiares próximos de los citados miembros", señala el texto que hace un año entregó el Tribunal de Cuentas.  

Por familiares próximos el Tribunal de Cuentas entiende "a aquellos que podrían ejercer influencia en, o ser influidos por, esa persona en sus decisiones relacionadas con la formación política". Es decir, su pareja, sus hijos, sus padres y sus hermanos. 

  Los principales grupos parlamentarios no han puesto reparos a Plan de Contabilidad diseñado por el Tribunal de Cuentas y sólo el PP ha reiterado su discrepancia con la idea de incluir a los grupos municipales de los partidos, que pide "revisar". 

  Cuando compareció el presidente del Tribunal, el diputado del PP Eloy Suárez ya advirtió ese "punto de fricción y conflicto" pues, a su juicio, los grupos parlamentarios y los grupos políticos de las entidades locales deberían quedar fuera de ese plan de contabilidad porque "tienen una normativa propia en los reglamentos de las Cámaras o de los Ayuntamientos". 

  En cambio, el Tribunal de Cuentas considera que los parlamentarios y concejales, independientemente del grado de autonomía implantado en la toma de las decisiones económicas, llevan a cabo la labor de los partidos políticos en las instituciones, por lo que prefiere incluir sus datos siguiendo el principio de "continuidad de la actividad económica". 

  "En consecuencia, a efectos de la representatividad de los estados financieros de los partidos políticos, se considera que las cuentas anuales consolidadas son las que mejor reflejan, en todos los aspectos significativos, la actividad económico-financiera del partido político", señala en el Plan de Contabilidad.

SUS RESULTADOS NO SE VERÁN HASTA 2015 

  Una vez aprobadas las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios, el Tribunal de Cuentas alumbrará el diseño definitivo del Plan de Contabilidad, que en todo caso no empezará a aplicarse hasta el 1 de enero de 2014, siete años después de cuando lo pidió la ley, y sus resultados se verán en 2015, una vez que venza ese primer ejercicio de vigencia.

   En todo caso, la institución ha precisado que el plazo de aplicación es orientativo y que será el Pleno del Tribunal de Cuentas el que, atendiendo a la evolución de las estructuras contables de los partidos, determine si se alarga o acorta ese periodo transitorio.