Sabado, 05 de julio de 2025
ley del "derecho a morir"
El Parlamento británico rechaza de forma abrumadora la aprobación del suicidio asistido
Este hecho supone otro golpe a una larga campaña para introducir dicha ley en Reino Unido, algo que ha atraído el apoyo de figuras tan diversas como el autor de ficción Terry Pratchett o el emprendedor multimillonario Richard Branson.
Los oponentes al proyecto de ley han afirmado que esto podría hacer que la gente vulnerable se sienta presionada a evitar que sus propias vidas sean una carga para sus familias.
En una votación libre, 118 miembros del Parlamento han votado a favor de la ley mientras que 330 han votado en contra. El primer ministro David Cameron está en contra de cualquier movimiento que legalice el suicidio asistido.
Bajo el proyecto, los ciudadanos con un diagnóstico de menos de seis meses de vida podrían haber tenido la posibilidad de obtener la receta de una dosis de medicamento letal.
La última vez que el asunto fue debatido en la Cámara de los Comunes británica fue en 1997. No dio tiempo a que se aprobara la legislación a través de la Cámara de los Lores antes de las elecciones generales de mayo.
Sarah Wootton, jefa ejecutiva de Una Muerte Digna, un grupo que lucha a favor del "derecho a morir", ha mostrado su indignación por el fracaso del proyecto de ley y ha afirmado que esto muestra el grado de desconexión del Gobierno con la opinión pública británica.
Una encuesta realizada este año ha mostrado que el 82 por ciento de los británicos apoya esta ley. "Cada dos semanas un británico viaja al extranjero para morir, mientras que unos 300 enfermos terminales están intentándolo en casa, normalmente en solitario y de forma peligrosa, cada año", ha explicado Wootton.
"El suicidio asistido podría establecer garantías rigurosas, no solo en dar la opción de morir a la gente, sino en darles una mejor protección", ha añadido.
Sin embargo, el grupo de apoyo Vivir y Morir Bien ha dado la bienvenida a esta decisión. Lord Carlile, el copresidente del grupo ha declarado que "antes ningún cambio podía contemplarse seriamente", y que "se necesitan evidencias claras de que la legislación en vigor es defectuosa y de que un cambio en la legislación no pondrá a la gente vulnerable en riesgo de perjuicio".
"Seguir la ley actual significa que es crucial dar protección a las vidas de los discapacitados y otras personas vulnerables, que pueden llegar sentir que son una carga para la sociedad".
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