Sabado, 12 de julio de 2025
cuesta librarse del totalitarismo
El Parlamento venezolano aprueba normas para acelerar un referéndum revocatorio contra Maduro
La Constitución venezolana permite la revocación de todos los cargos de elección popular transcurrida la mitad del mandato, que en el caso de Maduro, se cumplió en enero del 2016.
La Asamblea Nacional ha aprobado por mayoría, y tras dos discusiones en el pleno, la Ley Orgánica de Referendos con el objetivo de reglamentar estos procesos consultivos, desafiando al árbitro electoral venezolano que argumentó este mes que era el único órgano con potestad para elaborar las normas que rigen un referéndum.
"No hay que tener miedo a consultarle al pueblo", ha señalado el diputado opositor por el estado Falcón, Luis Stefanelli, durante la discusión.
La oposición venezolana, que en marzo anunció que iniciará una serie de procedimientos constitucionales para buscar la salida de Maduro antes que termine su período presidencial, ha denunciado en las últimas semanas que el Consejo Nacional Electoral (CNE) retrasa el trámite para que la consulta no se haga este año.
A pesar de que la mayoría de la Asamblea ha aprobado la norma, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la máxima instancia judicial, debe pronunciarse sobre su constitucionalidad, antes de que pueda entrar en vigor.
Diputados de la bancada oficialista se mostraron confiados, asegurando que el TSJ no aprobará la ley --que tildaron de intento de "golpe de estado parlamentario"--, por considerar que está al margen de la Constitución.
Desde que la oposición retomó el control del Parlamento a finales del año pasado, el TSJ ha decidido en favor del Gobierno cuando este se ha enfrentado al legislativo.
La Asamblea también ha iniciado este miércoles la discusión de un proyecto de enmienda constitucional, con el que la oposición buscará recortar el período presidencial de Maduro a cuatro años, desde los seis actuales.
Los opositores a Maduro también han llamado a buscar caminos para una asamblea constituyente y convocado a protestas populares para precipitar la renuncia del mandatario. Pero el camino está minado de escollos legales que pueden dilatar esos procesos e, incluso, frenarlos.
De hecho, el presidente ha jurado que obstruirá todas las iniciativas parlamentarias que busquen desbancarlo anticipadamente.
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