En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el diputado popular Ignacio Gil Lázaro ha empezado dirigiendo una nueva pregunta sobre este caso al vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en esta ocasión para conocer por qué en el informe sobre las investigaciones iniciales de la supuesta delación policial a ETA no se mencionara el número de teléfono usado por el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

RUBALCABA VUELVE A EXIGIR AL PP DISCULPAS

   En su turno, el titular de Interior ha vuelto a salir en defensa de Camacho, al que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no citó a declarar al considerar que su testimonio no es relevante, y ha vuelto a exigir a "algunos" diputados del PP que le pidan disculpas por haber "mancillado" su honor.  

  No obstante, Gil Lázaro ha respondido que debería ser Rubalcaba el "único" en disculparse porque es "el responsable político" de "la mayor bajeza" cometida en el Ministerio del Interior "desde la guerra sucia" de los GAL, porque no ha abierto "jamás" una investigación interna, porque ha intentado "engañar" al Congreso y a los españoles, porque ha tratado de "impedir" que la Justicia actúe y que los responsables "paguen" y porque ha "enfrentado" a policías con policías.   

Tras tachar de "pura patraña" que Interior haya querido "hacer creer" que el teléfono de Camacho estaba a disposición "del primero que pasaba" y se tratara de "ocultar" en el informe policial, el popular ha apuntado que la responsabilidad política de Rubalbaca en el caso Faisán no viene determinada por que su número dos testifique o no ante el juez, sino por el "gravísimo escándalo" que supone que el director general de Policía, Víctor García Hidalgo, permanezca imputado por un delito de colaboración con organización terrorista.

EL CASO PENDE SOBRE LA CABEZA DE RUBALCABA   

"Lo que usted aún se atreve a llamar incidente el juez lo llama delación policial, y es impensable que ésa pudiera articularse sin orden superior al nivel político del principal imputado", ha indicado Gil Lázaro, para quien el supuesto chivatazo es "el precio político" que el Gobierno pagó por "el sucio y mal llamado proceso de paz". "El caso Faisán apesta a cloaca de Estado y por eso --ha dicho dirigiéndose a Rubalcaba-- pende sobre su cabeza".

   Frente a estas acusaciones, Rubalcaba ha criticado a los populares su "doble vara de medir" porque, según ha explicado, poco antes de que el pasado viernes conociera el auto que exculpaba "radicalmente" a Camacho de la causa que se investiga, algunos dirigentes del PP declinaban hacer comentario alguno hasta que no hubiera una sentencia firme sobre "unos imputados que tiene en Galicia".   

"Si ustedes celebran fiestas con imputados, con procesados, con prescritos y con proscritos, si dicen ustedes que son los ejemplos de gobernantes, ¿por qué esa doble vara de medir? --se ha preguntado el portavoz del Gobierno--. ¿Qué tienen los policías que luchan contra ETA o contra Camacho que, por cierto, ni está imputado ni procesado ni nada de nada para que sean objeto de sus sospechas, de sus insidias y de sus calumnias?".

   Dicho esto, Rubalcaba ha acusado a Gil Lázaro de ir en su contra. De ahí que, según ha dicho, además de las 34 preguntas orales haya dirigido por escrito otras 200 preguntas "patéticas" al Ministerio del Interior tratando de "pescarle" con el objetivo de  poder "lucirse" esta noche "por cadenas de extrema derecha" criticando a la Policía.

AL PP NO LE GUSTA LO QUE ESTÁ PASANDO   

"A usted no le interesa la verdad porque la verdad se está dilucidando en los tribunales, donde usted está personado", le ha soltado el número dos del Ejecutivo al parlamentario popular, a quien ha recriminado que lo único que le interese sea "poner sordina" a la lucha antiterrorista.   

"Y es que en el fondo a usted no le gusta lo que esta pasando: que estamos ante el principio del fin de ETA, esta semana mejor que la anterior y la semana que viene todavía mejor y se lo recordaré una y otra vez", ha concluido, lo que ha desembocado en un prolongado aplauso por parte de sus compañeros de la bancada socialista.

   En la misma línea se pronunció a continuación el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, para quien existe una campaña "obsesiva, injusta y sectaria" por parte del PP de "infamia y difamación" contra el Ministerio del Interior y de la Policía justo cuando más avanza la lucha contra el terrorismo.   

"Es muy sospechoso que eso (la campaña) se haga sobre un hecho que no tuvo ninguna repercusión en la lucha contra el terrorismo y que se haga precisamente en un momento en el que el Ministerio del Interior nos está colocando en el momento más interesante y más cercano a la paz que nunca hemos tenido nunca en la historia", enfatizó.

UN HECHO SIN REPERCUSIÓN   

A su juicio, no hay ningún dato que permita decir que hay responsabilidad política en este asunto y se mostró convencido de que tampoco la habrá en el futuro. Es más, recordó que todos los implicados en aquella operación policial de hace cinco años "están en la cárcel o ante la justicia", mientras que de la investigación judicial del chivatazo no se ha derivado ninguna responsabilidad, por lo que pidió al PP que excluya la política antiterrorista de la labor de oposición y que respete a los policías, los jueces y sus resoluciones, aunque no estén de acuerdo.    

El portavoz de Interior del PP, Ignacio Cosidó, indicó que Jáuregui "se ha metido a abogado de un caso imposible" y le pidió "coraje político" para decir la verdad "por respeto a los policías que se han jugado la vida en la lucha contra ETA y por los que han caído".    

Según Cosidó, "el chivatazo a ETA fue un chivatazo político, tiene una motivación política, tiene actores políticos y sólo puede explicarse con la existencia de una orden política" y cada vez que Rubalcaba "oculta" de dónde salió la orden, "extiende sombra de sospecha sobre la Policía".    

En su opinión, cada vez que el Gobierno elude responsabilidad política está echando la culpa sobre los policías que obedecieron la orden. "Con esta estrategia de intentar eludir su responsabilidad política para tratar de esconder posibles responsabilidades penales, lo único que están haciendo es un daño inmenso al estado de derecho y un engaño inmenso al Cuerpo Nacional de Policía", sentenció.