Asimismo, el PP asegura que con sus enmiendas articula un sistema equilibrado de protección de la propiedad intelectual y garantiza judicialmente los derechos de los usuarios.  

  El pasado 14 de septiembre, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó que los populares rechazan la polémica disposición acerca del cierre de páginas web que permitan descargas de contenidos, porque este asunto debe tratarse a través de una Ley de Propiedad Intelectual y no en la Ley de Economía Sostenible.

VULNERACIÓN DE DERECHOS

   Por su parte, IU-ICV-ERC ha registrado un total de 230 enmiendas parciales que siguen el espíritu de la de totalidad ya presentada la semana pasada, y plantea que "el derecho de autor es necesario para garantizar la creación cultural y la autonomía creativa, pero no puede entrar en contraposición con los derechos ciudadanos y de acceso a la cultura".   

Así, en la decena de enmiendas sobre materias culturales, considera que algunas de las propuestas que el Gobierno introduce en esta disposición final segunda, que afectan a la gestión de la propiedad intelectual, pueden vulnerar derechos fundamentales, como lo son el derecho a la libertad de expresión y a la información.   

De la misma manera, denuncia que los usuarios finales acaban soportando el coste asociado a los derechos de propiedad intelectual, ya sea por la adquisición de productos o por compensación de la copia privada, y se ven también claramente afectados por las decisiones que en el seno de la Comisión de Propiedad Intelectual puedan adoptarse en su función de arbitraje. Por tanto, propone que cuenten con un representante en la Comisión para la salvaguardia de sus intereses directos.   

Propone además incluir a los representantes de los consumidores y usuarios entre los miembros natos de la Comisión de modo que en su composición se reflejen de forma equilibrada todas las sensibilidades y los intereses legítimos de todas las partes afectadas.

OTROS GRUPOS.   

A su vez, en la presentación de enmiendas, Coalición Canaria propone que "no necesitarán autorización del autor las personas físicas o jurídicas para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico, fotográfico figurativo o análogo cuando tales actos se hagan para la ilustración de sus actividades sin ánimo de lucro o sea una actividad sujeta a derecho público, siempre que se trate de obras ya divulgadas".  

  También alude a las condiciones para la utilización de las obras en dominio público "siempre que se cite al autor original y la obra derivada permanezca en el dominio público".