Ésta es una de las exigencias que los 'populares' han incluido en la moción que se debatirá en el próximo Pleno y que es consecuencia de la interpelación que la portavoz del grupo, Cayetana Álvarez de Toledo, dirigió el pasado 26 de febrero a la vicepresidenta Carmen Calvo y que atendió finalmente a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.

El debate y votación de esta propuesta iba a tener lugar la semana del 9 de marzo, la misma en la que el Congreso decidió ya suspender el Pleno tras el positivo por coronavirus que dio el diputado y secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. Será pues la primera moción consecuencia de interpelación que se discute en el Congreso desde hace tres meses, según se recoge en el orden del día aprobado por la Junta de Portavoces y al que ha tenido acceso Europa Press.

SÁNCHEZ PROMETIÓ RETOMARLA TRAS EL COVID-19

Su debate llegará tras conocerse la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de continuar con la mesa de diálogo catalana una vez superada la pandemia del coronavirus, como le viene reclamando Esquerra Republicana (ERC).

En su iniciativa, recogida por Europa Press, el PP comienza denunciando que la mesa de diálogo sobre Cataluña no sólo "no encuentra anclaje alguno en el modelo constitucional vigente" sino que supone, además, "un fraude político, un embuste legal y un desfalco de soberanía nacional que no se puede tolerar".

El PP acusa al Gobierno de "rendirse" con la puesta en marcha de una mesa celebrada, a su juicio, con las formas propias de "un encuentro internacional" y ante unos "delincuentes convictos" que pretenden "imponer" su criterio "excluyente" y que ya han avisado de que "reincidirán en el delito cuando más les convenga".

PARALIZAR LA REFORMA PENAL Y EL NOMBRAMIENTO

DE DELGADO

"Sabemos lo que exigen los separatistas, pero el Gobierno nos oculta a dónde quiere llegar", apunta el PP quien, en su iniciativa, demanda al Gobierno las actas de la citada reunión en Moncloa, romper el proceso de negociación bilateral con Torra, poner fin a los trabajos para reformar el Código Penal por delito de sedición y revocar el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

Asimismo, el PP plantea que el Gobierno declare "su compromiso inquebrantable con la democracia, la Constitución, la Ley y la convivencia como únicas garantías de la seguridad jurídica de todos los españoles", y que se comprometa a mantener cualquier relación con la Generalitat de Cataluña dentro del marco constitucional vigente y las previsiones contenidas en el Estatuto de esa comunidad.

En la misma sesión plenaria, la CUP también defenderá una moción para que el Congreso investigue la operación contra los Comités de Defensa de la República (CDR), denominada 'Operación Judas', y que el Gobierno colabore con la Justicia para descubrir al responsable de la filtración del sumario.

EXAMINAR POSIBLES TORTURAS

Pero, además, intentarán que el Congreso pida la libertad de las cinco personas que aún están en prisión preventiva tras ser detenidos en la 'Operación Ìcaro', durante las protestas contra la sentencia del Supremo sobre el 'procés'. La CUP sostiene que la mayoría de los encarcelados en aquel contexto denunció malos tratos por parte de la Policía.

En este contexto, demandan que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil sean examinadas a la luz del 'Manual para la investigación y la documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes' de la ONU, conocido como 'Protocolo de Estambul'.

Asimismo, la CUP intentará que se emplace al Gobierno a retirar las condecoraciones y revocar los ascensos de los policías que dirigieron y ejecutaron las cargas policiales durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 ('Operación Copérnico') y también los de los vinculados a la 'Operación Ícaro'.