Izquierda Plural tiene una resolución, promovida por ICV, en la que insta al Gobierno a negociar con las fuerzas políticas de Cataluña la celebración de un referéndum que permitan conocer la voluntad de su ciudadanía sobre su futuro político. 

  Se trata de garantizar que no habrá obstáculos a la hora de autorizar la convocatoria de consultas populares por la vía de referéndum y que se respetará el derecho a decidir de los catalanes.

DESPEJAR AL CAMINO A LA CONSULTA CATALANA

   En términos similares lo plantea CiU, que en una de sus 15 resoluciones insta al Gobierno a iniciar un diálogo con la Generalitat para posibilitar la celebración de la consulta que han comprometido nacionalistas e independentistas para 2014.

   Estos dos textos pueden acabar provocando una ruptura en el seno del Grupo Socialista pues el líder del PSC, Pedro Navarro, ha anunciado que sus 14 diputados prevén apoyar esas mociones incluso si el PSOE no lo hace.

   Navarro ha argumentado que su partido lo ha decidido porque la moción está en consonancia con lo que defiende el PSC en relación al derecho a decidir, ya que habla de que la consulta de autodeterminación debe producirse tras una negociación entre el Estado y Cataluña. 

  Por su parte, Amaiur, ERC y BNG, las tres formaciones del Grupo Mixto que registraron una proposición de ley para reconocer el derecho de autodeterminación que fue vetada por el PP en la Mesa del Congreso, también han incluido este tema entre sus propuestas.

   La iniciativa de la coalición abertzale consta de tres puntos, el primero de los cuales reclama el reconocimiento de los Parlamentos autonómicos como "representantes legítimos de la soberanía de sus pueblos". A partir de ahí, emplaza al Ejecutivo a "respetar la convocatoria de consultas o referéndum por parte de los diferentes parlamentos, incluso cuando tengan como objetivo consultar a su ciudadanía respecto al futuro constitucional de esa comunidad". 

  La coalición de la que forman parte los herederos de Batasuna también aspira que el Congreso deje claro que, "en el caso de que una de esas consultas o referéndum, tenga como resultado que una mayoría de la ciudadanía se muestre a favor del cambio constitucional de esa comunidad", el Ejecutivo "respete el resultado" y "emprenda negociaciones, de buena fe, tendentes a hacer efectiva jurídicamente esa voluntad democrática".

   Esquerra Republicana insta al Ejecutivo a realizar las modificaciones legales oportunas para permitir a las comunidades autónomas y ayuntamientos convocar "libremente" referendos sobre los temas que deseen sin necesidad de autorización estatal previa y, mientras tanto, autorizar todos los que se soliciten. 

  En este sentido, los republicanos catalanes también ponen de manifiesto la necesidad de que este tipo de consultas sean vinculantes, así como ampliar la iniciativa de referéndum al Legislativo y a la iniciativa popular.

REFORMAS CONSTITUCIONALES

   Por su parte, el BNG pone sobre la mesa la necesidad de abrir un diálogo para reformar la Constitución "partiendo de la realidad plurinacional del reconocimiento de la soberanía de las naciones reconocidas ya como nacionalidades históricas".  

Los socialistas, en cambio, prefieren limitarse a proponer una reforma de la Constitución para avanzar hacia un Estado federal pensando que esta opción sería suficiente para contentar las demandas independentistas de catalanes, vascos y gallegos.