El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso Rafael Hernando se ha mostrado contrario a que el Gobierno tenga que cambiar su política penitenciaria porque considera que el Estado democrático y de Derecho no puede moverse "al socaire" del interés de la banda terrorista ETA.

   En una entrevista con Europa Press, Hernando ha replicado así a los planteamientos expresados por el colectivo de presos etarras en el comunicado hecho público el pasado sábado, en el que reconocía el "sufrimiento y daño multilateral generados" y se mostraba dispuesto a estudiar la posibilidad de que el proceso culmine "con la vuelta a casa" de los reos "de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en un tiempo prudencial".

   El dirigente "popular" considera que ese comunicado no es más que "un paso" dentro de una estrategia de ETA que al PP y al Gobierno les interesa "bastante poco". "Lo único que esperamos de esa banda es que se disuelva, entregue las armas, pida perdón y colabore con la justicia para esclarecer los asesinatos que están pendientes de ser juzgados", ha apuntado.

"QUIENES TIENEN QUE CAMBIAR SON LOS QUE ASESINAN"

   Una exigencia que, según ha remarcado, el Gobierno y el PP vienen haciendo desde el principio de la legislatura y que es la que está permitiendo en estos momentos que ETA haga planteamientos diferentes a los que venía realizando en el pasado. "En su estrategia no puede hacer que nosotros cambiemos la nuestra", ha indicado.

   De hecho, Hernando defiende que el Ejecutivo del PP no tiene que plantearse cambios en una política penitenciaria que está "bien definida". "Quien tiene que plantearse los cambios es quienes están asesinando, extorsionando y secuestrando, y quienes han causado dolor a la sociedad española durante 40 años -ha aseverado-. El Estado democrático y de Derecho no tiene por qué moverse al socaire de planteamientos que haga una banda terrorista".

   El diputado del PP por Almería considera que el comunicado viene a evidenciar el problema interno de los presos de ETA. "Que ahora intenten aprovechar los beneficios de la ley o la legislación penitenciaria es una decisión personal. Que expliquen ellos internamente por qué anteriormente eso les estaba vetado a algunos de los presos", ha planteado.

   Hernando cree que está "bien" que se reconozca la "lenidad" de sus acciones criminales, pero ha recalcado que esto es algo que los demócratas llevan defendiendo desde hace "mucho tiempo". "Lo que espero de esa gente es su disolución, que entreguen las armas, que pidan perdón y que colaboren con la justicia para esclarecer los crímenes pendientes", ha insistido.

EL GOBIERNO HIZO LO QUE TENÍA QUE HACER EN ESTRASBURGO

   En relación con la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de hacer saltar por los aires la conocida como "doctrina Parot", el portavoz "popular" ha querido dejar claro que el Gobierno no ha actuado "con pasividad" frente a la sentencia de Estrasburgo.

   De hecho, ha puesto de relieve que el Ejecutivo, a través del abogado del Estado, estuvo defendiendo sin éxito la "doctrina Parot". "El Gobierno hubiera deseado que esa doctrina se hubiera mantenido, pero han sido otros poderes los que han determinado que eso no sea así y España tiene que ser coherente y consecuente con los convenios y con la legislación internacional", ha apuntado.

   Por tanto, Hernando ha hecho hincapié en que al Gobierno "no le quedaba otra forma de actuar" que la forma en la que lo hizo. "Todo lo demás son acusaciones sencillamente injustificadas e infundadas", ha añadido el parlamentario del PP, quien ha rechazado que el comunicado del colectivo de presos etarras guarde relación con la aplicación o no de la "doctrina Parot". "Eso tiene más que ver con situaciones internas que con otros asuntos de carácter externo", ha apostillado.

   El responsable "popular" ha concluido mostrado su confianza en que la política de "firmeza" del Gobierno acabará dando "frutos definitivos". "Eso es lo que esperamos y en lo que confiamos porque no hay otra solución para ETA ni para su rama política que el cumplimiento de la legislación vigente y el reconocimiento el daño hecho y de los errores cometidos", ha afirmado.