El presidente del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Carlos Carnicer, ha remitido una carta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la que muestra su "enérgico" rechazo al anteproyecto de revisión de tasas judiciales, aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros.  

  La Abogacía ha expresado su malestar por el hecho de que el Ministerio no le haya dado traslado del citado anteproyecto y recuerda que este departamento emitió "constantes declaraciones" en las que aseguraba que "tendría en cuenta, en todo momento, el parecer" de esta institución.

   No obstante, "las declaraciones realizadas desde el Ministerio para justificar la norma" son las que han generado el mayor descontento del Consejo. Considera que "no es admisible" incorporar al Estado de Derecho "una balanza en la que se califique en un platillo el derecho fundamental a la defensa" y, en el otro, el pago de una tasa.   

 "El derecho a la Defensa, fundamental y de relevancia constitucional, resulta imprescindible para la pervivencia del Estado de Derecho y las tasas no pueden oponerse como recurso necesario para pagar a los abogados que prestan el servicio de Justicia Gratuita", señala en un comunicado.  

  El Ministerio ha alegado que el dinero recaudado con la subida de las tasas judiciales irá destinado a sufragar el coste de la Justicia Gratuita, es decir al turno de oficio. Este hecho, supone para el CGAE, un modo de "enfrentar de forma injusta" a los ciudadanos con la Abogacía. LA

JUSTICIA GRATUITA ES UNA INVERSIÓN EN PAZ SOCIAL

   En la misiva, Carnicer advierte de que se introduce además un "criterio peligroso sobre el coste social" de la Justicia gratuita y recuerda que se trata del "último recurso para hacer valer los derechos fundamentales de quienes no tienen, en muchos casos, ni trabajo, ni medios, ni esperanza".

   "El gasto en Justicia Gratuita es una inversión en paz social y su regulación puede ser mejorada, nos hemos ofrecido al diálogo reiteradamente, pero no debería ser presentado como excesivo. No lo es porque apenas representa un 6,5 por ciento del gasto en Justicia y porque afecta al corazón del Estado de Derecho y debería ser financiado desde los Presupuestos, como está legalmente establecido, y no desde tasas especiales", añade.  

  La Abogacía se muestra especialmente preocupada por las manifestaciones del Ministerio, asegurando que el objetivo era "evitar el exceso de litigiosidad" y que "cualquier ciudadano que litiga ante los tribunales tiene que pagar su abogado y al procurador. Nadie considera que ese coste sea una barrera para el acceso a la Justicia y es un importe muy superior a estas tasas".

   "En una situación como la actual, de enorme dificultad para todos y de forma especial para los profesionales liberales, que dependemos de nuestros clientes, no resulta justo ni tolerable argumentar que pagar estas tasas no tiene importancia a la vista de lo que cobran los abogados", alega.

INVITA AL MINISTRO A "REFLEXIONAR"  

  En esta línea, destaca que las principales quejas de los usuarios de la Justicia no radican en el coste de los honorarios de los letrados, sino en la carencia de medios, en la lentitud y en la excesiva duración de los procesos. "Ahí está el problema y no en si los abogados cobran mucho o poco", remacha.   

 El presidente de la Abogacía invita al ministro a "reflexionar y evitar realizar manifestaciones" que lo único que provocan, a su juicio, es "un gran malestar" en la sociedad y en el colectivo de abogados.   

 De este modo, el CGAE hace hincapié en que la forma de evitar la litigiosidad no es poner barreras, en forma de tasas, para acceder a la Justicia, y ofrece su "leal colaboración" para buscar soluciones dirigidas a mejorar la Administración de Justicia.  

  "Los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales en defensa de sus legítimos derechos, intereses y pretensiones, tal y como reconoce nuestra Constitución, y no puede impedirse ese acceso por medio de un sistema de tasas que, en definitiva, perjudica a quienes tienen menos medios económicos", destaca.