El presidente de lo Social del Tribunal Supremo, Gonzalo de Moliner, califica de "tremenda" y "muy grave" la reforma laboral planteada por el Gobierno y señala que alguno de sus aspectos, como los relativos a la libertad sindical, "rayan la inconstitucionalidad". Augura que es probable que para su aplicación tengan que presentar cuestiones de inconstitucionalidad ante el tribunal de garantías.   

 Así lo ha señalado Moliner en una entrevista concedida a la revista Iuris, recogida por Europa Press, en la que el presidente de la Sala Cuarta del alto tribunal explica que la reforma presentada es "tremenda" porque afecta a las bases sobre las que se ha construido el Derecho del trabajo durante mucho tiempo".   

 "Otra cosa es que desde el punto de vista económico o político se considere que hacía falta una reforma de esta naturaleza, en eso no voy a entrar", indica Moliner, para subrayar que, en todo caso, no debe existir ninguna duda de que la Sala de lo Social aplicará la norma que emane finalmente del legislativo.

   Sobre los aspectos rayanos en inconstitucionalidad, el presidente de lo Social señala que el desarrollo legislativo de la propuesta del Gobierno de Rajoy debería cuidar aspectos como los relativos a la realidad sindical que según están planteados "podrían generar problemas".   

 "En algunos puntos entiendo que la libertad de los sindicatos puede verse afectada, porque la negociación colectiva acaba por dilurse en manos del empresario", explica Moliner, para subrayar seguidamente que las centrales tienen unos derechos muy claramente reconocidos en la Constitución.  

  Sobre otros afectos de la reforma, como las causas de despido, reconoce que no ve tan claro que puedan tildarse de inconstitucionales y que, en todo caso, se trata de temas de legislación que corresponden a otro poder del estado.

 SIN MEDIACIÓN ADMINISTRATIVA, MÁS LITIGIOS   

 Moliner también ve problemas de "indeterminación" en los términos que la reforma emplea para legislar sobre despidos colectivos, y en este caso recuerda que hasta ahora este tipo de actuaciones "tenían una especie de freno o límite que venía determinado por la autoridad laboral". Al suprimirse dicha intervención administrativa, cree que habrá mayor número de desacuerdos "que no tienen más solución que lo judicial".   

Según Moliner, la reforma señala que los despidos colectivos podrán ser recurridos mediante un procedimiento especial que se ha radicado en las Salas de lo Contencios-Administrativo, con recurso de casación ante el Supremo. "Por ello los despidos colectivos tendrán acceso mucho más pronto al Supremo, que los va a tener que resolver con un esfuerzo que no sé si podra realizar dado el volumen de asuntos que consideramos que se va ha producir", señala el magistrado.  

  El año pasado hubo en España más de 19.000 expedientes de regulación de empleo (ERE)de los que más de 5.000 terminaron sin acuerdo entre la empresa y los trabajadores. "Si eso se produjera este año, y probablemente se produzcan éstos o más, podría llegar al Tribunal Supremo y eso no se puede absorver", calcula el presidente de lo Social.

   Actualmente, la Sala de lo Social resuelve los asuntos que le llegan en menos de un año, una situación que puede cambiar sustancialmente por el nuevo procedimiento incluido en la reforma. "Si la Sala no está al día no da seguridad jurídica, porque un pleito pendiente es siempre una calamidad", según considera Moliner.

   Finalmente, Moliner considera que la reforma parece encaminada a "facilitar las modificaciones y restricciones de contrato, "pero utiliza conceptos jurídicos indeterminados que deben ser interpretados por el Tribunal Supremo".

   Además, augura que "es probable" que el alto tribunal tenga que plantear alguna cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional".