"Como titular del Poder Legislativo, debo manifestar que me preocupa profundamente que el presidente (...) esté usando un mecanismo como la Carta Democrática Interamericana con el fin de encubrir y de obstaculizar las seis investigaciones penales que pesan en su contra", ha expresado Williams en declaraciones en la prensa, según ha recogido la emisora RPP.

Después de que la OEA haya accedido a enviar una delegación especial a Perú para evaluar la situación democrática del país a petición de Castillo, el presidente del Congreso ha afirmado que el Gobierno pretende "desinformar a los países miembros" de la organización dándoles argumentos sin el "contexto necesario" para "entender el proceder" de las instituciones peruanas.

Con todo, Williams ha asegurado que a pesar de que respeta los posibles análisis que realice la OEA en el país, ello no va a afectar de ninguna manera a los procedimientos que se lleven a cabo en el Congreso y la Fiscalía General del país. También ha hecho un llamamiento a la organización a que hable con las autoridades del país más allá del Ejecutivo.

"Estamos dispuestos a poder recibirlos y pensamos que va a ser bueno que vengan, que hablen con la Fiscalía que, con toda seguridad, tiene muchísimo que decir y muchísimo que informar; que hable con el Congreso, obviamente tenemos muchas cosas que decirle; seguramente va a hablar con otras instituciones, como la prensa", ha agregado, según ha informado 'El Comercio'.

En cuanto a las acusaciones de Castillo sobre el aparente proceder ilegal de la Fiscalía General presentando una denuncia constitucional contra su persona, Williams ha sostenido que "no se está vulnerando el orden constitucional" y que se está respetando el Estado de derecho.

"El Congreso viene actuando de acuerdo a sus funciones previstas en la Constitución, siempre respetando el estado de derecho y siempre en defensa de los derechos y libertades", ha remachado el presidente del Parlamento de Perú.

EL GOBIERNO CONFÍA EN PONER FIN A LA CRISIS POLÍTICA

El Ministerio de Exteriores de Perú ha mostrado su confianza en que el envío de la delegación "de alto nivel" por parte de la OEA ayude a favorecer el diálogo entre las autoridades peruanas, dando por finalizada así la crisis política que enfrenta el país.

"El Grupo de Alto Nivel ayudará a favorecer el diálogo entre las autoridades peruanas y las fuerzas políticas y sociales, que permitirá superar la grave crisis política que atravesamos", ha aseverado la diplomacia peruana en un mensaje en Twitter.

El titular de la cartera de Exteriores, César Landa, ha indicado que la confrontación hacia el Gobierno se ha agudizado pese a los intentos del Ejecutivo de llamar a la concertación, poniendo "en peligro" la gobernabilidad democrática.

"El cometido esencial de la acción colectiva preventiva, regular los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, es generar las condiciones y la realización de un diálogo y concertación nacional para superar las crisis y preservar la democracia", ha detallado Landa, según ha recogido el diario 'La República'.

Asimismo, ha señalado que el envío de una misión conformada por los representantes de los Estados que conforman la OEA resulta "esencial para realizar una mirada neutral e independiente a la actual situación que vive el Perú".

La delegación especial de la OEA será enviada después de que el Consejo Permanente de la organización haya programado para este jueves una sesión extraordinaria con el fin de abordar la solicitud del Gobierno peruano para activar la Carta Democrática Interamericana.

El Ejecutivo peruano había solicitado formalmente al OEA la activación de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática con la que el organismo interamericano puede brindar asistencia cuando "el Gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder".

Todo este revuelo tiene lugar una semana después de que la fiscal general peruana presentase ante el Congreso una acusación constitucional contra Castillo inculpándolo de corrupción.

Según la Fiscalía, el presidente de Perú sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Silva, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

Tras esta acusación, Castillo afirmó que está sufriendo una persecución política, a la vez que denunció una "nueva modalidad de golpe de Estado"