"Como desafío esencialmente europeo, los flujos migratorios hacia nuestro continente europeo también requieren una solución europea. Una solución que significa, sobre todo, cooperación, acción conjunta de los Estados miembros, de la Comisión Europea, de todas las instituciones europeas, ante un problema común", ha argüido.

Mitsotakis ha recordado así que el pacto acordado por los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo es un paso "muy importante", ya que permite dotar a la UE de "herramientas necesarias" para atajar la crisis, siendo la primera prioridad "desmantelar las redes de tráfico ilegal de personas".

El primer ministro griego también ha aprovechado para hacer balance del papel que ha tenido Grecia a lo largo del año. "Creo que hemos gestionado esta creciente presión migratoria internacional mejor que muchos de nuestros socios", ha valorado.

En este sentido, ha explicado que los flujos en el mar Egeo han sido menores que los del Mediterráneo central y los de los Balcanes occidentales, una reducción que, en parte, ha atribuido a una "mejor cooperación" con su vecino Turquía.

Por otro lado, se ha mostrado en contra de "la instrumentalización de la crisis de refugiados" y de quienes "cultivan la hostilidad y la xenofobia" a través del populismo, que "culpa de todos los problemas de la sociedad a ese extranjero anónimo".

"Algunos han intentado aprovecharse de los dramas humanos y atacar deliberadamente a nuestro país, a Frontex, a la Unión Europea (...) Están equivocados. Una política de inmigración justa no significa fronteras abiertas o inexistentes. Significa reglas, humanidad y sensibilidad", ha agregado.

Sus palabras se producen tras una reunión con la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, con quien ha abordado los últimos pasos dados por Grecia sobre política migratoria, así como otros temas, como la guerra en la Franja de Gaza.

Las nuevas reglas, que necesitan aún el visto bueno del pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete para ser adoptada formalmente, pone fin a años de duras negociaciones entre los propios Estados miembro para consensuar un equilibrio entre la "solidaridad" con los países en primera línea, como España, Italia o Grecia, y la "responsabilidad" que les reclaman a estos otros socios con miedo a los movimientos secundarios.

La solución es un mecanismo de "solidaridad flexible" que obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, bien reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas, bien pagando una compensación tasada por cada migrante que rechace.

El objetivo es trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.