Así lo indica a través de un comunicado en el que también señala que "el Patronato de la Fundación Niemeyer, el único que tiene atribuida su representación, no se reúne desde el 4 de junio".  

  Igualmente, el Ejecutivo presidido por Francisco Álvarez-Cascos resalta que "el secretario de la Fundación, por iniciativa personal, ha presentado un escrito ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, pero no una denuncia".

   Al respecto, el Gobierno autonómico dice que "las posibles actuaciones de comprobación e investigación que se lleven a cabo por el Ministerio Fiscal, consecuencia de la petición de amparo presentada, son obligadas y debidas ante la presentación de cualquier escrito, con independencia de su contenido, debiendo esperar al resultado de las mismas y sin poder hacer alguna valoración más al respecto en este momento".   

 Por otra parte, el Principado remarca que las posibles actuaciones desarrolladas por el Gobierno asturiano "son las que se refieren a los expedientes de reintegro de las subvenciones percibidas por parte de la Fundación, como consecuencia de posibles incumplimientos de la normativa reguladora de las subvenciones".   

 "La consecuencia del reconocimiento de una obligación de reintegro, al limitarse al examen en este procedimiento del cumplimiento de los deberes por parte del subvencionado (en este caso la Fundación  Niemeyer), supone la obligación de devolver las cantidades sobre las que se ha producido el incumplimiento, sin suponer ni el examen ni el reconocimiento de otros aspectos de la actividad de la Fundación", apuntan desde el Gobierno de Cascos.    

  En este sentido, desde el Principado "no se alcanza a comprender la referencia a la solicitud de una investigación completa, o a la posible exigencia de responsabilidad de las personas que han gestionado la Fundación, aprobado o auditado sus cuentas, y ello sin perjuicio de la posible responsabilidad que pudiera alcanzar a estas por las actuaciones desarrolladas, si los hechos que parecen afirmarse por el secretario respecto de estas personas fueran ciertos".

   Con todo, el Principado apunta que "no puede, en este momento, desarrollar una investigación completa y exhaustiva" de las cuentas de la Fundación, "simplemente por no disponer de más información que la suministrada por la Fundación, información parcial que no ha sido suficiente para justificar el empleo de las subvenciones percibidas del propio Principado y del cumplimiento de la normativa aplicable".  

  Sobre lo relativo a la posible demanda para la cesión de los edificios que forman parte del Centro Niemeyer, el Principado considera "que no está obligado a ella al ser una actuación completamente discrecional y por ello libre, no estando dispuesto a ceder un complejo cuyo coste de construcción alcanza los casi 43 millones de euros a una entidad en la que su representación actual en los órganos de gobierno es aproximadamente del 8%".   

 "No siendo necesario mayor razonamiento al respecto, si bien no está de más recordar que el Gobierno anterior del Principado, en sesión del Consejo de Gobierno de 12 de julio de 2011, última reunión realizada horas antes de la investidura del nuevo presidente del Principado, retiró del orden del día el acuerdo de cesión gratuita del Centro no adoptando acuerdo alguno al entender que tal decisión correspondía al nuevo Gobierno, lo que revela el carácter libre de la misma, pues de ser obligada debería haberse adoptado en ese momento", concluyen desde el Gobierno autonómico.