El Gobierno del Principado de Asturias tiene previsto subir el gravamen autonómico actual del impuesto sobre hidrocarburos, conocido como céntimo sanitario y el IRPF de las rentas altas. Se trata de dos medidas fiscales incluidas en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2024 (PEF), pendiente de aprobación por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El objetivo es cumplir con el objetivo del déficit fijado en 2012 en el 1,5 por ciento. Se contempla un ajuste de 498 millones de euros.   

Las líneas principales del citado plan han sido presentadas, en la tarde de este miércoles, por el presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ante los medios de comunicación en la sede de Presidencia.   

Según Fernández la propuesta que ha elaborado el Gobierno es un plan "equilibrado "y "ponderado", que está en sintonía con la ideología de su partido y de los apoyos que ha cosechado. El plan actúa sobre cuatro ejes: fiscalidad, reestructuración del sector público, reprogramación de inversiones, y la aplicación en Asturias de los recortes que impone el Gobierno de España.   

Por lo que se refiere a los ingresos, la subida del céntimo sanitario se elevará de 2,4 a 4,8 céntimos por litro de gasolina y de 2 a 4 por litro de gasóleo. Eso sí, a los profesionales del transporte, con tarjeta de transportistas, se les devolverá el incremento del gravamen.  

  La modificación de la tarifa autonómica del IRPF se aplicará en los últimos tramos. Entre 70.000 y 175.000 euros se eleva un punto hasta el 22,5% y para las rentas superiores a los 175.000 el alza es del 1,5 hasta el 25,5%. Esta medida afecta a unos 12.000 asturianos con rentas más altas. La previsión es obtener 12,5 millones de euros más en 2015.   

 Además, el Gobierno tiene previsto aumentar la tarifa de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en un 25%. Por su parte, el Impuesto de Patrimonio se incrementará un 10% y se aplicará a unos 2.500 ciudadanos. La previsión del incremento de recaudación es de dos millones de euros en 2013.  

  En cuanto al sector público autonómico, el Gobierno pondrá en marcha un plan de reestructuración que contempla enajenaciones, fusiones, supresiones y otras medidas. Así, el Ejecutivo regional contempla la venta de la constructora pública Sedes y se suprimirá el Instituto Asturiano de Estadística.

   La venta de las participaciones en establecimientos hoteleros (Hotel de La Reconquista de Oviedo y otros) será analizada y se estudiará la explotación privada o venta del Gitpa (Gestor de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias).   

  Javier Fernández ha dicho que el Gobierno revisará el objeto social de Serpa (Sociedad de Servicios del Principado de Asturias) para proceder a su redimensionamiento, y que la Radio Televisión del Principado de Asturias seguirá siendo "pública", pero tendrá una "rebaja sustancial" en las aportaciones económicas.

INVERSIÓN Y EMPLEO PÚBLICO   

 La reprogramación de las inversiones no ha quedado fuera de las medidas de ajuste. Las inversiones para 2012 en Asturias han quedado fijadas en 426 millones y se ha optado por aquéllas de mayor urgencia o las que permitan la recuperación de ingresos.  

  Por otro lado, Javier Fernández ha indicado que el Gobierno de España ha obligado a las comunidades autónomas a elevar la jornada laboral de los empleados públicos de la Administración autonómica (aumento de la jornada lectiva para los profesores de Educación Secundaria y de 35 a 37,5 horas semanales del resto de empleados públicos de la Administración del Principado).Esta decisión forzará a la reducción de la contratación de unas 1.000 personas de un colectivo empleados temporales (interinos) de casi 10.000.   

 Entre las medidas que tomará el Gobierno en el campo del empleo público figuran la congelación de las nuevas ofertas públicas de empleo, la supresión de los incentivos a la jubilación, la revisión de la discrecionalidad de jubilarse más allá de la edad legal de jubilación y de las acciones formativas en horario laboral, la desaparición de 42 asesores técnicos docentes, la supresión de 44 plazas de liberados institucionales y la modificación en las fórmulas de contratación laboral del personal interino de Educación, entre ellas que a partir del próximo curso la duración del contrato será de septiembre a junio.