"Queremos dejar constancia que la actuación de las Fuerzas de Seguridad y de los operarios ha sido y es totalmente incompatible con el principio de inviolabilidad de los lugares de culto y los derechos de esta Comunidad benedictina, lo que hemos puesto, igualmente, en conocimiento de la jerarquía eclesiástica", explica la comunidad benedictina en un comunicado.

En concreto, los benedictinos han trasladado esta denuncia al Arzobispado de Madrid, a la Conferencia Episcopal Española, a la Abadía de Solesmes y a la Santa Sede, según han señalado a Europa Press fuentes cercanas a la Abadía.

Además, el pasado lunes 21 de octubre el prior del Valle de los Caídos presentó una denuncia ante el Juzgado de Guardia de San Lorenzo del Escorial por el "acceso inconsentido de la Guardia Civil a la basílica" y por "impedir el acceso de los monjes" a la misma.

Los benedictinos precisan en el comunicado de este miércoles que desde el pasado 11 de octubre, tras el acuerdo del Consejo de Ministros que decretaba el cierre del recinto del Valle de los Caídos, "la Guardia Civil, sin autorización judicial que lo permitiera, accedió y deambuló por dependencias de la Abadía y, lo que es más grave, accedió y deambuló por la Basílica".

Todo ello lo hicieron, según denuncian, "sin autorización eclesiástica alguna y ocupándola durante las 24 horas del día, vulnerando, de esta manera, tanto el derecho a la inviolabilidad domiciliaria como el derecho a la libertad religiosa".

Los benedictinos también denuncian que desde el domingo 20 de octubre se impidió el acceso de los monjes a la basílica a pesar de ser, según precisan, los "únicos titulares y custodios del templo". Además, manifiestan que se colocaron "cadenas y candados en la puerta de acceso entre la Abadía y la Basílica" para bloquear el paso.

Si bien, precisan que es una "paradoja" que puedan entrar terceras personas. En este sentido, dicen que no se ha permitido "la más mínima vigilancia" por parte de los benedictinos que no tienen "garantía alguna" de que las conductas de esas personas "no contravinieran el carácter sagrado del templo, desconociendo si se han producido actuaciones incompatibles con el culto, la piedad o la religión".

Además, exponen que "se impide que los miembros de la Abadía asistan al responso religioso en el acto de exhumación" pues el Gobierno solo ha autorizado que esté presente el prior Santiago Cantera.

Así, resumen que "las actuaciones producidas en el Valle de los Caídos desde finales de septiembre, dirigidas al parecer por la Delegación del Gobierno, se han excedido, y mucho, de los términos de los acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de febrero y 15 de marzo de 2019".